Está acusado de fraude a la administración pública en el sonado caso de las cloacas de Alvear II, una obra que costó 12 millones de pesos-dólares más de lo que correspondía y nunca se terminó. El ex ministro de Obras Públicas, Oscar Negrotto, fue citado el miércoles pasado, escuchó la acusación en su contra y hechó mano al derecho constitucional de no declarar.
El otro funcionario que también debía declarar a mediados de abril, Carlos Opezzo, pidió postergar su declaración. Pasaron más de diez años del hecho y la Justicia aún busca a los responsables de tamaño daño al estado. En el año 2010 fueron condenados el ex intendente de Alvear, Oscar Pepa, su secretario y responsables de la UTE que adjudicó la obra. Sin embargo, de ese juicio se desprendió la posible responsabilidad de funcionarios públicos provinciales y en el marco de esa segunda causa se citó a Negrotto y Opezzo y los empresarios José Floridia, Enrique Halcak y Rubén Queirolo.
La causa es llevada adelante por el Juez Pablo Díaz Lacava. Cabe recordar que la obra costó 12 millones más de lo que correspondía y nunca se terminó.
El caso derivó en un juicio promovido por diputados de la oposición, que después de 9 años tuvo una sentencia de tres años de prisión en suspenso para el entonces apoderado de la empresa, y el ex intendente de Alvear, Oscar Pepa. Luego, el TIP absolvió al empresario y sólo condenó al ex mandatario alvearense.
Una de las pruebas más incriminatorias fue el peritaje efectuado por la Sindicatura General de la Nación, que estableció que el costo de la obra no podía exceder los 6.566.468 pesos-dólares. Como Pepa le adjudicó los trabajos a Ilka-Consnor por 18.350.048,80 pesos-dólares, la Sigen concluyó que hubo una sobrevaluación del 179 por ciento.
La investigación no concluyó con el juicio, ya que los fiscales solicitaron que se investigue a sospechosos de fraude que surgieron en el debate oral y público. Por ello, se abrió otra causa penal conocida como Cloacas de Alvear II. Mientras tanto, las empresas que conformaron la UTE involucradas siguen siendo adjudicatarias de obras públicas.
Es que el enero de 2009, el gobierno provincial vetó una ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de La Pampa que prohibía entrar en las licitaciones públicas de obras a aquellas empresas que hubieran incumplido con contratos anteriores. La red cloacal de Alvear no sólo costó 12 millones de pesos dólares más de lo que correspondía, sino que no se terminó