En el transcurso de la semana pasada ingresó al Senado de la Nación el Proyecto de Ley Nº a través del cual el Senador Carlos Verna acompañado por la Senadora María de los Ángeles Higonet procuran se restituya la suma de 22 millones de pesos a los municipios de la provincia de La Pampa. Esta situación se origina en la situación emergente de la inclusión del artículo 73 en la ley de Presupuesto Nacional 2012.
En razón de ello es que se solicita la derogación del citado artículo correspondiente a la ley Nº 26.728, en la que quedara plasmado el presupuesto nacional 2012.
El citado artículo, que no formaba parte del Proyecto de Presupuesto, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, fue incorporado al texto definitivo al momento de debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación.
El artículo 73 prorrogó la vigencia de la Ley Nº 26075 de Financiamiento Educativo, situación que no resulta indispensable, atento a que dicho financiamiento está garantizado por imperio de la Ley Nº 26.206, denominada Ley de Educación Nacional que establece en sus considerandos:…”Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, previstas originalmente para el período 2006/2010, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente, a Educación no será inferior al seis por ciento ( 6%) del Producto Interno Bruto. (PIB)”.
La vigencia del mismo ha sido determinante para que se giren a las provincias sumas que se descuentan de los fondos que se destinan a la coparticipación de impuestos para los municipios, cuando la financiación del sistema educativo ya se encuentra asegurada en la norma legal que es de aplicación efectiva.
Si bien se puede observar que alguna provincia ha solucionado el tema agregando a la coparticipación municipal lo que se le esta detrayendo en estos momentos, el Senador Carlos Verna, considera necesario dictar una norma que derogue en forma retroactiva el artículo 73 de la ley Nº 26.728, porque afecta el financiamiento de uno de los estados de gobierno que enfrenta los reclamos sociales procedentes de los gobiernos municipales, por importes no coparticipados.