“No parece razonable es que quienes “combaten” entre sí tengan el mismo jefe, si a un ciudadano común le dicen que lo va a defender un defensor oficial y el jefe de ese defensor es el mismo jefe de los fiscales ¿cómo se va a sentir ese ciudadano?, dijo la titular de la defensoría general de la Nación, Stella Maris Martínez, que en el día de hoy se reunió con los legisladores para explicitar su postura de cara al proyecto de ley que impulsa la autonomía de la defensa pública en el Poder Judicial de La Pampa.
La reunión se llevó a cabo en el día de hoy en la legislatura pampeana. El presidente de la comisión de asuntos constitucionales de esta Cámara, el diputado Mariano Fernández, hizo las veces de coordinador del encuentro y en primer tiempo le pidió al autor de la iniciativa, el diputado Luciano Di Nápoli que diera a conocer los detalles del mismo, manifestando que “lo que se pretende es de dotar al ministerio público de la defensa de la autonomía funcional que le permita cumplir su cometido institucional de conformidad con el nuevo paradigma adversarial vigente en materia penal, atento a su condición de organismo que garantiza por excelencia el acceso a la Justicia de los ciudadanos, algo que lograríamos con la reforma de la ley 2574, Orgánica del Poder Judicial de la Provincia”.
- Ante esta definición la titular de la defensoría general de la Nación, Stella Maris Martínez, manifestó que no era necesario una reforma constitucional. “Para esto no es necesario la modificación de la Constitución Provincial, sí sería necesaria una modificación para alcanzar el modelo ideal que es independizar totalmente el ministerio público de la defensa y el ministerio fiscal del Poder Judicial, pero eso puede esperar…esto es una modificación menor que se puede implementar dentro de los esquemas de la Constitución provincial. De cualquier manera, para que sea exactamente como es en el orden nacional, si habría que modificar la Constitución”.
Más adelante, Di Napoli, expresó que “las funciones que concentra la procuración producen un claro desequilibrio institucional entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa” y que “con las modificaciones a la ley orgánica se aseguraría la paridad de armas y con ello dos postulados constitucionales ineludibles: el acceso a la Justicia y el derecho de defensa de los ciudadanos, porque es imposible pensar que un mismo órgano tenga el control y la dirección técnica y política sobre los funcionarios que tienen en sus manos el ejercicio de la persecución penal estatal, por un lado, y por el otro, sobre los órganos encargados de defender a los imputados de esa misma persecución estatal. Y es precisamente el ministerio público de la defensa el órgano que tiene a su cargo la observancia de las garantías constitucionales y legales, muchas de ellas incorporadas al derecho interno por la Constitución Nacional asegurando la presunción de inocencia, el juicio justo, el derecho de defensa y la paridad de armas como derechos de los imputados”.
A su turno la doctora Martínez expresó:
- “Nosotros apoyamos en todo el país, no sólo en La Pampa, la autonomía de la defensa porque en un proceso penal, hay acusadores y defensores, el modelo que más se acerca al ideal es el modelo federal en la medida en que los defensores tienen un jefe, que es el que les da las instrucciones y las líneas de acción…y a su vez están separados el procurador y los fiscales, que a su vez tienen su jefe, que es quien a ellos les da sus instrucciones. Lo que no parece razonable es que quienes “combaten” entre sí tengan el mismo jefe, si a un ciudadano común le dicen que lo va a defender un defensor oficial y el jefe de ese defensor es el mismo jefe de los fiscales ¿cómo se va a sentir ese ciudadano?
- “Cuando el defensor está separado, puede generar políticas de acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos, niños, personas muy pobres, personas de edad, con problemas mentales…eso forma parte del objetivo estricto del ministerio público de la defensa. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia no es objetivo estricto de los fiscales. De allí que para nosotros el mejor modelo es cuando ambas instituciones están separadas.
- “Este es un movimiento iberoamericano y cuenta con una resolución de la OEA del año pasado, que ensalza la labor de los defensores públicos y dice que para cumplirla los defensores deben ser independientes y autónomos.
- “El mejor modelo es la provincia del Chubut, donde hay autonomía absoluta. También en Salta y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hay modelos intermedios, como sería el de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde continúa fiscales y defensores dentro del Poder Judicial y todavía están separados.
- “En Corrientes tuvimos una fuerte resistencia del procurador…en general tenemos resistencia de los procuradores en todos lados, lo que es lógico porque si los defensores tuviéramos a los fiscales tampoco nos gustaría que nos separen. Así somos los seres humanos y sobretodo si tenemos alguna porción de poder…pero con esta modificación, los procuradores provinciales saldrían favorecidos porque estarían fortalecidos en su rol, porque se verían aliviados de no tener bajo su órbita a defensores y fiscales. Por supuesto que el problema es el presupuesto, a esto hay que implementarlo sin afectar el presupuesto del procurador.