Las diferencias de tratamiento a la hora de destinar recursos ha causado cierto malestar dentro del Palacio de Tribunales. Se creó una secretaría de Ejecución Civil dependiente del Juzgado Civil N° 2 para acelerar ejecuciones bancarias, financieras, etc. Así el juez a cargo de ese Juzgado pasó a cobra un 20 % más de salario por tener a cargo dos secretarías. Nada reprochable si no fuera porque el sector del servicio de Justicia destinado a la población más vulnerable no tiene el mismo tratamiento.
Las defensorías oficiales están colapsadas desde hace años y el Juez del Menor y la Familia tiene a cargo todo el trabajo civil y penal sin cobrar un peso más. ¿Esto qué pasa, tendrá que ver con las diferencias entre los unos y los otros?
Hace tiempo que se viene solicitando desde diversos flancos (incluyendo al Colegio de Abogados) más cargos para las defensorías oficiales y la creación de otro Juzgado del Menor y la Familia para desdoblar las cuestiones civiles de las penales. Dos reparticiones judiciales donde pobres, niños, mujeres y hombres sin recursos recurren para solucionar conflictos.
Siempre el Juzgado del Menor y la Familia, hoy a cargo del juez Luis Alberto García, atendió dos secretarías: una civil que atiende casos de divorcios, manutención, ect.; y otra penal por donde pasan todas las cuestiones de menores en situación de delincuencia. Sin embargo, nunca cobró un peso más por estar a cargo de dos secretarías.
Diferente es el caso del juez Fabián Rodríguez, quien comenzó a tener un incremento del 20 % en su sueldo a partir de la creación de la secretaría de Ejecución, repartición judicial donde usureros, bancos, municipalidades, financiarías aceleran el cobro de sus acreencias. El aumento de sueldo y la creación de la secretaría es algo lógico en sí, pero no tanto cuando se compara con lo que ocurre en otros juzgados.
No es el único tema que despierta reacciones adversas en el ámbito judicial. Hace días se relataba sobre la compra de autos de alta gama para las fiscalías cuando no hay presupuesto para cumplir, por ejemplo, con la creación de la Oficina de Atención a la Víctima.
Quizás haya alguna explicación para tomar este tipo de decisiones y sería buena conocerla, pues descomprimiría el enojo que suele observarse en los pasillos de Tribunales.