La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Rosa y periodista especializada Mónica Molina había denunciado lo que ocurre en el cabaré de Macachín en el año 2008 en su revista Urbanas en Red. Por ello no se sorprendió cuando se conoció que una pareja escapó de la red de trata de personas que allí opera, que traen a las chicas desde el norte del país y desde Paraguay engañadas, ni que uno de los tratantes sea un ex concejal desde el ’83 al ’91 por el PJ, ni que las abogadas de los socios del prostíbulo sean las asesoras letradas de la municipalidad de Macachín.
Lo que le sorprende es la desidia de los funcionarios y el grado de complicidad que se va demostrando.
“No me sorprende el delito que ahí se estaba cometiendo ni los delincuentes implicados. –afirmó la luchadora contra la trata de personas- Lo que me sorprende es el grado de desidia de los funcionarios. Hace rato que se viene hablando de este cabaré en particular y del tema en general. No hay excusas, a esta altura no hay quien pueda decir tengo dudas. Es un delito, ya está tipificado por la ley, no hay nada más que hacerla cumplir. Macachín tendrá que sancionar, como se hizo en Santa Rosa, una ordenanza cerrando los prostíbulos, que no es otra cosa que ponerse a tono con la legislación nacional, la ley 12331, del año 1937. No estamos hablando ni siquiera de vacíos legales, están todas, absolutamente todas, las herramientas legales, lo que faltan son las decisiones políticas que tienen que tomar. Y no tenerles miedo, no se le puede tener miedo al que delinque.”
Sobre las abogadas de los dueños del “Gordo” De Lucca y “Dito” Blas, que son las mismas que asesoran al Municipio macachinense, afirmó que “esto es muy delicado porque ahí te das cuenta de los nexos y los grados de complicidad. Es probable que muchas personas sean ignorantes de determinadas situaciones, hasta algunos deben creer que los prostíbulos son legales en la Argentina. Lo delicado es que pase esto con los funcionarios. Y el grado de complicidad es importante, por acción o por omisión”
Respecto a la Justicia, informó que “los fiscales provinciales tienen un convenio para poder intervenir y después derivar la causa, de manera que cualquier fiscal federal o juez federal tienen que estar interviniendo”.
Por último, sobre las acciones provincias en la lucha contra la trata de personas, dijo que “no hay políticas que tiendan a reprimir el delito, o por lo menos ponerse a tono con planteos inclusive nacionales. No hemos visto ninguna línea de acción clara respecto a esto. Lo más elocuente es el hecho de que en ningún momento se le dio tratamiento en el bloque mayoritario del Justicialismo a los tres proyectos que hay en la Cámara de Diputados, uno de la diputada Sandra Fonseca, otro de Adrián Peppino y otro de Scovenna. No tienen tratamiento no porque las otras bancadas no lo quieran tratar, sino porque claramente la mayoría la tiene el Justicialismo y no tiene interés en tratarlo”.