El año 2013 estuvo signado por un aumento impresionante de causas por abuso sexual y violencia de género. Relatos escalofriantes se ventilaron en Tribunales. Sin dudas, el más aterrador fue el de Juan José Janssen. Pero también conmovieron los dos casos de niñas obligadas a prostituirse por sus madres. E indignó la falta de responsables en el caso de Sofía Viale, cuando Salinas fue salvado de la corporación judicial por cualquier tipo de responsabilidad.
Hubo días en que la agenda judicial respecto a audiencias estaba completa solo con casos de abuso sexual o violencia de género. Y si bien no hay estadísticas porque gran parte del año se contabilizó la violencia hacia la mujer de acuerdo al tipo de delito que se había cometido (lesiones, amenazas, femicidio, homicidio en grado de tentativa, etc.) no hay dudas de que es un tipo de casos que viene creciendo desde hace años. En conclusión: la mayor violencia no está afuera, en el otro, en el diferente, en el “raro”, la mayor violencia está muy cerca de cada uno, en las relaciones personales enfermas.
El caso Janssen mantuvo a la población expectante durante dos semanas y terminó como se preveía: con la condena a prisión perpetua. Lo que llamó la atención es que su mujer, María de los Ángeles Dupuy, estuviera un año presa en forma preventiva, para luego resolver por su inocencia. El estado deberá afrontar un costoso juicio por perjuicio y daño moral.
El fiscal general Carlos Salinas absuelto, el procurador general Mario Bongianino absuelto, el exministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez “salvado” por los diputados justicialistas, ningún funcionario judicial ni policial ni político con alguna, aunque sea mínima responsabilidad sobre la bochornosa investigación que se llevó a cabo alrededor del caso Sofía.
Y la familia Viale fue humillada por quienes debían protegerla y garantizarle el servicio de justicia y de seguridad. Un estado acusador (en lugar de cumplir la función que le cabe de protector) y una sociedad que se dejó llevar por los comentarios. Y otro costoso juicio que el estado deberá afrontar por daño moral u otro delito.
El caso de la madre acusada de facilitar a sus hijos para ser abusada en los asados de los viernes de un grupo de hombres de Intendente Alvear desnudó historias de vida terribles de las víctimas y su progenitora, pero también develó a una parte de la sociedad alvearense insensible ante las mujeres pobres y el infierno que suelen vivir, y defensora de los hombres que tienen el poder. Unas 40 personas se manifestaron públicamente defendiendo a los todavía acusados, y probablemente condenados el próximo año.
Varios homicidios se juzgaron en Pico y en el resto de La Pampa. Y el que más llamó la atención fue el de Leonardo Pacheco, baleado por la espalda por su pareja, Dalma Murazzano. La mujer fue condenada a 3 años de prisión en suspenso entendiendo que actuó en estado de emoción violenta y como parte de un hecho de violencia de género grave y crónico.
Y otro caso que conmovió a la sociedad fue el de Brian Enriquez, cuyo cuerpo se halló en estado de descomposición a la vera de la ruta entre Parera e Ingeniero Luiggi. Tras de meses de búsqueda sobre su identidad, una familiar reveló que podía ser el joven. El padrastro está acusado de homicidio preterintencional, aunque todavía no fue llevado a debate oral y público. El caso desnudó una triste historia de violencia y drogadicción.
Tres de los jueces de audiencia y un abogado particular con amplia participación en el fuero penal
Vivas, que golpeó con el palo de amasar a su ex pareja
Leonardo Noguera, acusado de matar a su hijastro
Héctor Garrone, quien mató a su inquilino por mora