El jueves, tras notificarse de la negativa del juez de Ejecución Penal respecto a la solicitud de libertad condicional, Daniel Fuentes inició una huelga de hambre. Según información policial el hombre está estable con dos controles médicos diarios.
Carlos Daniel Fuentes, foto de archivo
Fuentes cumple una condena de dos años de prisión en la comisaría de Intendente Alvear, por causas relacionadas con violencia de género hacia su ex esposa.
Según explicó la abogada defensora Emilce Montenegro de Osán el hombre ya está en condiciones de obtener la libertad condicional y por ello fue solicitada al juez de Ejecución Penal Mauricio Pascual.
Sin embargo, cuando se hurgó sobre su situación judicial se halló que tenía dos causas por amenazas que datan de hace tres años sin resolver, enmarcadas en el antiguo Código Procesal Penal.
“El Dr. Pascual no puede otorgar la libertad condicional teniendo causas abiertas. Es por inoperancia judicial que ocurre esto, que mi defendido no puede obtenerla”, explicó Montenegro Osán.
En esas dos causas, cuya denunciante también es su ex pareja, el hombre fue defendido por el defensor oficial pero nunca llegaron a juicio porque se priorizan las causas con detenidos y la Justicia, por falta de recursos, no logra atender en tiempo las demandas de la sociedad.
“Hace tres años que tiene estas dos causas abiertas”, se quejó la abogada. Y explicó que no se juzgaron junto a la última causa porque los hechos están enmarcados en diferentes Códigos Procesales.
Cuando solicitó que se resuelvan esas dos causas por amenazas, los dos jueces sustitutos de causas residuales Heber Pregno y Paola Loscertales se declararon incompetentes y atrasó la resolución del tema.
Montenegro de Osán sostuvo que en los próximos días se resolverán esas causas a través de un juicio abreviado o con un debate con la coordinación del juez Diego Ambrogetti.
Daniel Fuentes tiene numerosas causas judiciales por hechos de violencia de género en perjuicio de su ex esposa. El 18 de julio pasado fue condenado a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, al encontrarlo responsable del delito de desobediencia judicial.
El hecho había ocurrido en noviembre del 2012. La condena se unificó con la pena de un año de prisión en suspenso que le habían impuesto por un hecho anterior.