El gremio que nuclea a los docentes expresó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la resolución de una jueza que le dio la razón al Colegio de Psicopedagogos en su medida cautelar. Afirmó que se discrimina a los trabajadores psicopedagogos y que “intereses sectoriales y corporativos se han priorizado por sobre los del bien general de la sociedad”. Calificó la decisión de la Justicia como “injusta y arbitraria”.
Cabe recordar que el Colegio de Psicopedagogos presentó un recurso de amparo para evitar que trabajen en el sistema educativo público los profesionales que no estén matriculados.
Sin embargo, el estatuto del Trabajador de la Educación dice claramente que el único requisito es contar con el título habilitante expedido por autoridad competente. Nada habla sobre colegiaturas.
El comunicado de prensa de UTELPa dice textualmente “El Secretariado Provincial de UTELPA lamenta profundamente que la medida cautelar presentada por el Colegio de Psicopedagogos haya sido favorable a ese colegio, en tanto esa decisión implica en los hechos perjuicios a otros trabajadores que están impedidos de tomar interinatos y suplencias teniendo título debidamente reconocidos por la Provincia La Pampa.
Ya en el año 2008 el mismo colegio intentó, esta vez por la vía política, imponer un criterio corporativo y discriminatorio, no ajustado al marco de la Ley que regula el ejercicio de la docencia que es el Estatuto del Trabajador de la Educación. En aquella oportunidad fueron docentes sin colegiar quienes debieron presentar una medida cautelar para que se les permitiera asumir a los cargos, siendo la Justicia favorable a los trabajadores no matriculados.
Posteriormente la Cámara de Diputados por unanimidad dictó una Ley que deja claro, frente a las pretensiones de ese Colegio de Profesionales como de cualquier otro, que la matriculación es optativa para el ejercicio de la docencia.
Nos preguntamos cuáles han sido las razones para que en esta oportunidad la jueza haga lugar al reclamo del Colegio de Psicopedagogos habiendo Leyes que claramente estipulan cuales son los requisitos para el ingreso a la docencia.
Por otro lado la medida cautelar ampara a unos pocos para dejar a otros más sin la posibilidad de acceder a cargos, cuando les asiste el derecho por la vía del Estatuto del Trabajador de la Educación y la Ley 2435 (Ley Petitti).
Pero más aún nos preguntamos porque una medida de la justicia impide además la posibilidad de cubrir esos cargos en los Servicios de Apoyo Escolar, Escuelas Especiales, impidiendo de esa manera el funcionamiento correcto de los mismos en beneficio de los niños-as y jóvenes. Cabe la reflexión si la jueza, definirá en forma perentoria la cuestión de fondo o se tomará meses , que implicarán meses en los cuales los trabajadores de la educación se verán impedidos de tener cargo y los alumnos de tener atención.
En ese sentido, ratificamos que una vez más estamos en presencia de decisión INJUSTA Y ARBITRARIA de la JUSTICIA , frente a un tema donde intereses sectoriales y corporativos se han priorizado por sobre los del bien general de la sociedad.
Como entidad gremial defendemos el derecho a la libertad de ejercer el trabajo docente en las escuelas, sin otro requisito que no sea el que impone el Estatuto del Trabajador de la Educación y los acuerdos Paritarios.
Ratificamos que la condición que esgrime el Colegio de Psicopedagogos de “técnicos” y no docentes, da por tierra con una concepción histórica defendida por los propios psicopedagogos que trabajan en la docencia que solicitan su condición de docentes y por eso el pedido del “frente a alumnos “ a los efectos previsionales para esos cargos.
Por otro lado, es lamentable que el Colegio de Psicopedagogos intente producir zozobra en la comunidad educativa poniendo la idoneidad de quienes no están matriculados, pues la idoneidad está dada por la competencia de títulos otorgada por la entidades que otorgan esos títulos y su reconocimiento oficial, y el categorización posterior que realiza a través de la Comisión de Títulos y el decreto que dicta el Ministerio del área. Pero además, es una ofensa al trabajo de quienes por años han desempeñado esos cargos sin ser matriculados.
Expresamos que agotaremos todas las instancias legales y políticas necesarias para que se reanuden las designaciones y se respeten los derechos de los trabajadores de la Educación que teniendo los títulos reconocidos oficialmente los habilite y se encuentran en los listados puedan acceder a a esos cargos y por tanto respetarse el derecho constitucional al TRABAJO SIN DISCRIMINACIÓN.”