El intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, estuvo en Pico y habló con Infopico.com sobre la situación judicial donde es acusado por el delito de abuso de autoridad. “Este es el peor momento de mi vida. Esta situación no se va a poder sustentar jurídicamente, porque yo actué de acuerdo a la ley”, afirmó. Este martes serán los alegatos.
A 14 km de la localidad de 25 de Mayo hay un paraje que se llama “El Sauzal”. En ese lugar hay un templo evangélico y una gomería. Actualmente lo que años atrás fue un cabaret, es un paraje para camioneros.
La ordenanza 052 del 2002, luego reformada, estaba vigente cuando, David Edgardo “Sapito” Bravo asume como Intendente de esta localidad. Esa ordenanza permitía la habilitación de Cabaret.
Cuando Bravo llega a la intendencia, ya había 3 cabaret habilitados en la zona. La habilitación del cuarto lo pidió una persona oriunda de Santa Rosa, Javier Ulrich, quién fue condenado a cuatro años de prisión por la justicia federal. En aquel momento se lo condenó después de una denuncia realizada por una mujer oriunda de Bolivia que manifestó que en el cabaret “El Rancho” se ejercía la prostitución y la trata de personas. Esto ocurrió en año 2009.
A partir de esta clausura, la fiscal federal Odasso, ordena que se investigue como se habilitó ese local. De ahí surge la investigación para todos los inspectores responsables de área de la municipalidad de 25 de mayo y para Bravo a quién se lo acusa de haber hecho abuso de la autoridad y de haber habilitado ese Cabaret.
La discusión actual está centrada en que si se cumplió con las exigencias reglamentarias para poder habilitarlo. “las inspecciones por parte del municipio tuvieron un lapso de dos meses. Posteriormente y después de haber exigido las reformas correspondientes los inspectores de Obras Públicas, inspecciones generales y del área contable realizaron tres dictámenes en los cuales manifiestan que estaban dadas todas las condiciones para habilitar y firmaron cada uno de los expedientes. Obviamente y confiando en mis inspectores firmé y habilité el Cabaret”, dijo Bravo.
Un año después en marzo del 2009, una de las chicas que trabajaba en el cabaret fue a realizar los papeles a migraciones y ahí confiesa que la habían traído engañada desde Bolivia. Dijo que había llegado para trabajar de copera, pero que le estaban haciendo ejercer la prostitución.
¿Cuál era su obligación Bravo?
“En primer lugar la ordenanza en vigencia permitía este tipo de habilitaciones. Cada secretaría del poder ejecutivo municipal tenía una función. En aquel momento le correspondía al área de inspecciones generales a cargo de Rubén Alberto Ferreyra. Esta persona fue muy contundente cuando declaró ya que afirmó el local se habilitó porque se habían cumplido todos los requisitos de la ordenanza 052. Lo mismo con las otras áreas y mi firma final”.
¿Pero dicen que entre Iglesia Evangélica y el Cabaret había 98 metros y no 100 como indicaba la ordenanza?
“Hay un informe claro de aquel momento, realizado por el señor, Víctor Maldonado, el inspector del área, donde dice y declaró que si bien eran 98 metros, la ordenanza no indicaba con precisión de qué lugar se tenía que medir. Si de puerta a puerta o de terreno a terreno. No era clara la ordenanza. Y si bien existían 98 metros el informe de Maldonado indica que no afectaba a la seguridad ni la higiene del lugar y que con la sana crítica y el más elevado criterio los jueces iban a entender que se tenía que proceder a habilitar”.
¿Y Ud. la firmó?
“Si esto genera un hecho de la cual la justicia pretende juzgarme, creo que ningún intendente de la República Argentina, con este antecedente va a querer firmar algo, porque cada organigrama es propio de cada municipalidad. Esto quiere decir que si yo no hubiera firmado la habilitación igual tenía validez. Porque en ningún lado en el texto de la ley -1579-de municipalidad determina que las habilitaciones deben estar firmadas por el intendente, sino por el responsable del área”.
¿Es poco creíble que Ud. afirme no conocer a Ulrich?
“No lo conozco, nunca lo vi, no sé cuando llegó a 25 de Mayo, ni cuando se fue”.
¿Nunca escuchó el rumor, ni nadie le comentó de que en ese lugar se ejercía la prostitución?
“No para nada. Y si me hubiera enterado o alguien me la habría advertido, yo mismo lo habría denunciado. Por mis principios morales y religiosos estoy en contra de la trata de personas y de este tipo de conductas”.
¿Conocía el lugar?
“Este lugar lo conozco después de lo que sucedió. Yo nunca voy a un lugar para luego habilitarlo, para eso están los inspectores y técnicos de las áreas responsables”.
Al parecer migraciones se hacía presente dos veces a la semana para realizar los controles correspondientes y exigir las libretas sanitarias de las chicas que allí trabajaban. Esto lo habría hecho por el término de un año y tampoco habría advertido esta situación. “Esto se da a conocer un año después cuando una mujer de origen boliviano se hace presente en migraciones para realizar la documentación y allí expresa que había sido traída engañada para la explotación sexual. Es decir que los primeros en enterarse fue la policía, un año después”.
¿Nunca hubo clausuras sobre ese local que podrían haber advertido la situación?
“Si hubo tres clausuras y justamente fueron por falta de libretas sanitarias de las chicas que trabajaban en ese lugar?.
Finalmente dijo que en este caso se distorsionó el objeto de la investigación y que esta situación es una “barbaridad jurídica, porque no tengo responsabilidad, porque mi conducta jamás puede ser reprochada penalmente y porque para poder juzgarme no tienen antecedentes, no tiene elementos probatorios y porque todos los testimonios han sido claros y contundentes ante el juez a cargo y la fiscal”.