Tras el fallo que permitió al juez Carlos Flores continuar en su cargo, se conoció un prueba presentada por el Procurador General que hubiera desestimado el argumento que lo salvó: la falta de reiteración de mal desempeño. En 1996 Flores había absuelto a un hombre que había amenazado de muerte a su ex pareja, a los meses la asesinó y luego se suicidó. La terrible experiencia no le sirvió al juez que volvió a fallar sin perspectiva de género, sentencia que terminó en otro femicidio. El jury no halló relación entre los hechos.
Carlos Flores durante el jury (foto planbnoticias.com.ar)
La ley 313 de Juicio Político establece que debe haber reiteración en el mal desempeño para que un funcionario sea destituido de su cargo. Ante un femicidio, la pregunta que surgió era ¿hace falta otra Carla Figueroa para que Flores deje su cargo? ¿Esa es la misma vara que se aplica para cualquier persona que comete un gravísimo e irreparable error en su función o trabajo?
Pero más allá del cuestionamiento a la ley 313, el hecho de que recién ahora se conociera que Flores ya había permitido con su accionar judicial otro femicidio provoca más dudas que certezas. ¿Por qué desestimó semejante prueba? ¿Por qué la Procuración General no la dio a conocer antes del fallo que salvó a Flores? ¿Por qué se ocultó a la opinión pública cuando el argumento que iba a salvar al juez era la falta de reiteración de negligencia en sus fallos?
Todos los integrantes del jury afirmaron que el avenimiento estaba mal dado, pero como no había reiteración, cuatro de ellos votaron por la continuidad en el cargo.
Sin embargo, el procurador Bongianino había presentado como prueba un fallo de 1996 que desembocó en el asesinato de una mujer a manos de su ex pareja. Como juez de instrucción, el 4 de julio de 1996 dictó la falta de mérito a Jorge Eusebio Báez, un hombre denunciado por amenazas de muerte a su expareja Nilda Graciela Flores. No le creyó a la mujer y dejó la denuncia sin efecto. A los pocos meses, Báez mató a la mujer y luego se suicidó.
Sin embargo, el jurado no aceptó la prueba «por no advertirse su vinculación al tema», y tampoco la dio a conocer a la opinión pública. Una información clave en un juicio político.