Leandro Altolaguirre, presidente de la ONG ambientalista, explicó que la Ley Provincial que regula la aplicación de agroquímicos no contempla a las escuelas rurales, además de ser más restrictiva a la hora de proteger a las abejas que de cuidar la salud de los seres humanos.
“La ley es muy moderna, pero se nota que han intervenido en la misma, intereses económicos, porque habla de la restricción de 500 metros para las aplicaciones terrestres y de 1000 metros para las fumigaciones aéreas de los cascos urbanos. Hasta ahí, todo bien, pero la ley dice que en caso de que haya un ingeniero agrónomo y una empresa registrada no hay restricción que valga. Yo soy ingeniero agrónomo, pero qué sé de salud, sobre el accionar de los agroquímicos en las personas no tenemos conocimiento”, afirmó.
Pero además, explicó que la ley “es más exigente respecto a la producción apícola, en cuyo caso la protección es mucho más fuerte y el protocolo más exigente. Las abejas son muy sensibles y ante cualquier fumigación se mueren, entonces hay perjuicio económico y juicios. Entonces es una ley que tiene restricciones más importantes para cuidar las abejas que para cuidar a las personas.
Otro fuerte cuestionamiento a la ley vigente en La Pampa es que no contempla las escuelas agropecuarias, varias de las cuales son albergues. “Ahí no hay ningún tipo de restricción”, explicó Altolaguirre.
Indicó que desde Alihuen se acercó a varios diputados provinciales la necesidad de reformar la ley pero no aún no han obtenido respuesta favorable.
El fallo judicial pronunciado la semana pasada en Córdoba conocido como el de las Madres de Ituzaingó y otras intervenciones judiciales en diferentes puntos del país van sentando jurisprudencia a favor de la salud de las personas. En La Pampa habrá que comenzar por modificar la ley vigente.