E jefe de todos los fiscales federales del país, Esteban Righi afirmó en un dictamen que en General Pico, las ordenanzas favorecen "bajo una aparente legalidad" el proxenetismo y la trata de personas. La Lic. Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa y emblema de la lucha contra la trata de personas con fines sexuales, afirmó que en nuestra ciudad falta decisión política del Ejecutivo, es decir la intendencia, y del Legislativo, es decir el Concejo Deliberante para tratar el tema. Además, indicó que los fiscales de la Justicia Ordinaria también pueden actuar por el delito de facilitamiento de la prostitución.
Cuándo leíste sobre la resolución del Procurador General de la Nación, el Dr. Righi, ¿te asombraste?
No me asombré porque es la posición que tiene la Procuración, lo que me parece que es muy oportuno, es más que importante que surja este dictamen desde lo que implica la Procuración para que se comprenda en las autoridades municipales que no es un posicionamiento de una mujer que plantea el tema de la trata o de un Ejecutivo que es distinto en el signo político partidario al de la provincia. Es importante para que se comprenda que es una cuestión que trasciende totalmente cualquier tipo de cuestión sectorial. Creo que se tiene que actuar con la seriedad que implica el delito que están encubriendo.
¿Afirmás que están encubriendo un delito?
Que otra cosa puedo pensar si hace más de dos años estuvimos allí con el viceintendente de Santa Rosa y con Alicia Iribaren, en una reunión informativa con concejales y autoridades del municipio explicando como había sido el proceso que hizo el Municipio de Santa Rosa respecto a esto. Pasó un período de tiempo como para haber tenido algunas instancias en este tema. Nadie se puede salir de la regla y la legislación nacional está. Me parece que a esta altura no puedo estar pensando que esto lo desconocen o que están ignorantes, evidentemente hay una decisión de estar convalidando este delito. Es una decisión política mantener estos lugares abiertos o cerrarlos. Sin la excusa es que las habilitaciones son vitalicias, es como decir antes las torturas estaban habilitadas en forma vitalicia, y ahora no… hay cuestiones que están instaladas en la legislación de que no se pueden hacer. Me parece que eso es no querer comprometerse lo suficiente. Además, no sé qué costo político no se quiere pagar. Al contrario, la sociedad los va a aplaudir que es lo que pasó en Santa Rosa. Es notable como la misma sociedad cuando el estado tiene la seriedad de encauzar el tema y de definirlo como una política, la sociedad asume eso como una pauta distinta. Ahora, cuando el estado tiene una posición timorata, que no toma cartas en el asunto, la sociedad no va a comprender la percepción del delito ni la gravedad que tiene. La Cámara de Diputados y el gobierno provincial también hacen oídos sordos.
Respecto a General Pico, la responsabilidad, ¿recae sobre el Ejecutivo o también en el Concejo Deliberante?
Tienen parte responsable los dos.
En el Concejo Deliberante no se ha hecho nada para revertir esta situación y hay concejales del Frepam, es decir del mismo signo político de la Municipalidad de Santa Rosa donde ocupás el cargo de funcionaria.
Es como el tema del matrimonio igualitario, son temas transversales y que lamentablemente no todos tenemos la misma posición. En el caso de Santa Rosa, la decisión fue fuertemente del Ejecutivo y el Legislativo se avino a esta decisión, inclusive por unanimidad. Me parece que los concejales de todos los partidos políticos y el Ejecutivo municipal podrían sentirse respaldados por la decisión que tomó la capital, y que lo hagan con su propio estilo.
Hablaste del Poder Ejecutivo, del Legislativo. ¿Y el poder Judicial? La fiscal federal en La Pampa es Marta Odasso y su actuación contra la trata de personas ha sido cuestionada, ¿pensás que va a cambiar en algo?
Sí, ha sido cuestionada en su rol porque los fiscales no están saliendo a investigar, que es lo que les pide la Procuración General que es que salgan de su escritorio. Creo que está aún muy arraigado la concepción de que las mujeres están porque les gusta y no es así. Creo que los fiscales se van a ver obligados a cambiar, me parece que no debe ser un buen antecedente que el Procurador General de la Nación te tire las orejas. Y algo más, pueden actuar los fiscales de la Justicia ordinaria por el delito de facilitamiento de la prostitución, porque la Procuración de la provincia tiene firmado un convenio firmado con la Procuración Nacional.