En el mes de mayo del año en curso, 600 causas judiciales ingresaron a los tribunales piquenses, solamente 80 llegaron o llegarán a juicio. Un poco mas del 85% de los expedientes pasará a archivo sin investigación o por falta de pruebas. Porcentajes similares se repiten en los meses anteriores. Desde marzo 2011 cuando se puso en vigencia el nuevo Código Procesal, se labraron casi 7000 causas, 6000 de ellas probablemente no llegarán a juicio.
Durante el pasado mes de mayo ingresaron aproximadamente 600 sumarios por diversos delitos a las Fiscalías locales, procedentes de las comisarías del norte de nuestra provincia, correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial centralizada en nuestro medio. De estos 600, 450 expedientes corresponden a la ciudad de General Pico y los restantes 150 a las Comisarías de la zona norte: Colonia Barón, Quemú Quemú, Intendente Alvear, Bernardo Larroude, Realicó, Rancúl, Parera, Ingeniero Luiggi, Caleufú, Trenel y las subordinadas de las mismas. En promedio cada Dependencia del interior no supera la tramitación de 10 causas judiciales por mes.
Del total de las causas, 300 fueron expedientes con autor y los restantes son N.N, esto es sin autor identificado.
De los 300 expedientes con autor, 220 quedaron en la Unidad de Atención Primaria (U.A.P) debido a que no reúnen las condiciones suficientes como para ser presentados a juicio por el Ministerio Público Fiscal.
Los restantes 80 expedientes con autor, fueron divididos entre los cuatro Fiscales que se turnan semanalmente en la II Circunscripción Judicial, los Dres.: Héctor Aberasturi, Ivana Soledad Hernández, Ana Laura Ruffini y Alejandro Gilardenghi, cada uno de ellos cuenta con dos secretarios. Significa que cada uno de los Fiscales durante el mes de mayo recibió para investigar y llevar a juicio 20 causas penales.
Existen además dos fiscales adjuntos, el Dr. Oscar Blanco que suple turno por medio al Dr. Aberasturi y el Dr. Boga Doyenhard a cuyo cargo esta la investigación de delitos complejos, es decir en los siguientes casos: delitos de asociación ilícita, casos con pluralidad significativa de hechos o elevado numero de imputados y/o víctimas, casos con modalidad delictiva compleja y/o cuyo resultado sea especialmente dañoso, delitos económicos y contra la Administración y otros delitos en que se encuentren incursos funcionarios públicos. También puede ser designado para otras causas cuando el Dr. Salinas, Fiscal General lo considera necesario.
Los Fiscales Adjuntos tramitan e investigan una media mensual que no supera las 10 causas.
Todo el trabajo Fiscal es presentado ante dos Jueces de Control, que aseguran la legalidad del proceso, para luego estar a disposición de cuatro jueces de Audiencia para ser resueltos en forma unipersonal o como Tribunal, según corresponda.
Comisarías:
En cuanto a las Comisarías de la ciudad, se sabe que la Comisaría Primera es la que mas denuncias recibe. No fue posible saber con exactitud cuanto correspondió a cada una de las Dependencias, pero si se puede establecer que se denunciaron o tramitaron de oficio un promedio de 15 causas judiciales por día en la ciudad.
En cada una de las Comisarías de General Pico existen entre 4 a 6 Oficiales de Servicio que tramitan estas causas judiciales y cumplen turnos cada cuatro días, por lo cual cada uno de ellos labra y debe investigar entre 30 y 35 expedientes judiciales por mes.
Cada comisaría, a su vez, tiene un automotor y dos motos constantemente en la calle, para cubrir los accidentes, investigar delitos, llevar y traer detenidos a Tribunales, hospital o identificación, mas el patrullaje de su jurisdicción; cuenta para estas tareas mas la guardia en comisaría, con una cantidad de entre 5 y 7 empleados en turnos de 12 horas cada uno. Esta precariedad en los numerarios, obliga a que los relevos del personal subalterno deban ser cubiertos por los Oficiales que realizan trabajos de oficina (tramitación de expedientes por denuncias recibidas en su Servicio).
Exclusivamente para la investigación de delitos está la Brigada de Investigaciones con dos a cuatro empleados por turno, más los oficiales, desdoblada recientemente en una sección dedicada a la investigación de los delitos conocidos como “arrebatos”. Luego existe también la División Toxicomanía dedicada exclusivamente a la investigación de delitos previstos en la ley 23.737 (estupefacientes).
Por su parte el Comando Radioeléctrico tiene dos móviles y varias motos en forma permanente en la calle, pero debe cubrir algunos puntos estratégicos en la ciudad y respaldar al personal de tránsito municipal.
La reciente puesta en marcha de la Unidad Funcional que atiende causas de genero y minoridad, en su mayoría son de incumbencia del Juzgado del Menor y la Familia y no se tiene estadística aún, pero se espera que atenúe la cantidad de casos que se tramitan directamente en las Comisarías.
Existen otras secciones especiales que no tienen relación directa con la prevención pero aportan a la investigación como es el caso de la División Criminalística; las restantes dependencias son orientadas al manejo administrativo.
Seiscientas causas denunciadas en mayo, en todo el norte de la pampa, y solamente 80 llevadas a juicio, menos de un 15%, lo cual no significa que se recuperan elementos sustraídos o se repare el daño ocasionado a las víctimas en igual guarismo. El 85% restante pasará al archivo, a unirse a las casi 6.000 causas que ya tienen ese destino partiendo del mes de marzo del año 2011 cuando se puso en vigencia el nuevo Código Procesal en nuestra Provincia o sea que el producto de los delitos contra la propiedad o los daños ocasionados a las víctimas en los 520 expedientes que no llegarán a juicio (tramitados en mayo/2011) probablemente nunca será recuperado o resarcido.
Examinando los números, solamente del mes de mayo pasado, se desprende que el 85% de los damnificados no recibieron ni recibirán solución a sus denuncias, pero también hay que destacar que el producido de los delitos denunciados (en casos de delitos contra la propiedad) queda circulando entre nosotros, gran parte de ello en poder de “compradores de buena fe”; los daños no son reparados y en el caso de aquellos expedientes iniciados por accidentes de tránsito, por lo general son absorbidos desde el sistema público de salud, lo que supone un alto costo económico que debe soportar el ciudadano común.
A esto súmele el gasto en alarmas, seguros, rejas y rastreadores satelitales, aunque… a pesar de todo lo que haga, probablemente nadie le asegurará que esta a salvo y que no tendrá que ir, en algún momento, “a llorar a la iglesia” como muchos de los damnificados cuyas denuncias van camino a engrosar el archivo del Palacio de Tribunales.