El problema de la violencia de género ocupa espacio de debate y crónicas policiales. Muchas son las voces que reclaman mayor acompañamiento desde los organismos del estado para que las víctimas logren salir del círculo vicioso de violencia. Sin embargo, las leyes vigentes (Leyes provinciales 1081, 1333 y 1327) contemplan la promoción de grupos de auto ayuda y de grupos telefónicos de ayuda, la formación de voluntarios, convenios con la UNLPam, la creación del Servicio de Apoyo para Víctimas de Delitos y la creación del Servicio de Ayuda al Niño Maltratado. Su implementación ¿no será una urgente necesidad ante los conflictos sociales que vivimos?
Las leyes de referencia tienen varios años de haber sido sancionadas y hoy más que nunca es necesaria su completa implementación.
La Ley 1081 por la que se crea el Servicio Especial para la Erradicación de la Violencia indica que el grupo interdisciplinario de profesionales deberá (art. 2)
“a) Realizar una valoración cultural de la violencia familiar como problemática social.
b) Generar campañas y programas de esclarecimiento a efectos de desterrar mitos y temores que impiden a las víctimas salir de su aislamiento, creando en la comunidad sentido solidario y promoviendo el repudio y condena respecto de la violencia familiar.
c) Difundir los derechos y generar lugares de atención especializada para las víctimas.
d) Promover la formación de grupos de auto – ayuda.
e) Promover la formación de grupos de apoyo telefónico similares a los de asistencia al suicida.
f) Profundizar la problemática en los organismos gubernamentales y de seguridad.
g) Brindar asesoramiento legal y asistencia social.
h) Capacitar el recurso humano para que la asistencia a brindar sea adecuada, equitativa, justa, accesible y oportuna.
i) Coordinar acciones conjuntas intersectoriales con los ministerios de Bienestar Social, Cultura y Educación, Gobierno y Justicia, municipios, Poder Judicial y organizaciones intermedias, que tiendan a dilucidar esta problemática e impulsar todo mecanismo destinado a eliminarla.
j) Estimular y generar en la comunidad la formación de voluntarios paraparticipar activamente en este servicio.
k) Promover convenios con la Universidad Nacional de La Pampa con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en las actividades de voluntariado.
l) El Poder Ejecutivo creará paulatinamente en las comisarías del ámbito provincial, delegaciones destinadas a recibir denuncias de violencia familiar, las que serán atendidas por personal especialmente entrenado al efecto.”
Para cumplir con todas esas actividades se nombraron cargos para un abogado, un psicólogo, una asistente social, un enfermera universitaria y un administrativo. Sin embargo, varias de las acciones no se cumplen ni se han cumplido.
Respecto a las leyes 1327 y 1333 de creación del Servicio de Apoyo para Víctimas de Delitosconformado por un grupo interdisciplinario de profesionales (médicos, siquiatras, sicólogos, asistentes sociales, abogados, etc.) y del Servicio de Ayuda al Niño Maltratado, ambas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, son amplias y contemplan la asistencia integral, además de acciones de coordinación con otros organismos, campañas, etc. Sin embargo no se han implementado. Su creación es una necesidad ante la situación social que se vive.