Por Franco Catalani
Hace unos meses el salario de los legisladores (nacionales, provinciales y municipales) se puso en discusión -no vinculante- en ese espacio difuso que se denomina “opinión pública”. Duró un par de semanas en cartelera y hoy, ya aplacada la discusión, pueden cobrar su sueldo con más tranquilidad. No hizo falta paro ni paritaria porque ellos son representantes y representados, empleadores y empleados, y sólo dependen de su propio juicio, no como los demás que dependemos del juicio de ellos.
Ese espacio lo ocupa ahora el salario del empleado y empleada públicos, tema íntimamente relacionado con la remuneración, no sólo de los legisladores, sino de todos los funcionarios de los poderes públicos. Digamos para contextualizar, que en La Pampa hacía muchos años que no se vivía una situación como la actual, donde los estatales paran dos y tres días durante tres semanas, el gobierno en principio no cede y luego, sin cerrar filas, negocia hacia el interior para luego enfrentar a los gremios. Recordemos que primero convocó a los intendentes y los gremios sostuvieron el paro, ahora convocó institucionalmente a los otros dos poderes del estado pampeano para abrir la negociación. Remarquemos, situación como la actual no se recuerda desde hace mucho tiempo.
La pregunta aquí vuelve a ser la misma que con relación al sueldo de legisladores y funcionarios (y de todo trabajador) ¿cuál es el criterio para cuantificar la remuneración de unos y otros? ¿está bien que el gobernador, un legislador o un miembro del STJ, cobren más de 10 veces lo que cobra el empleado público con menor remuneración?, está bien -o mal- ¿de acuerdo a qué criterio?. Creo que lo que se debiera discutir en paritarias, además de lo urgente, lo inmediato, el porcentaje de aumento, serían estas cuestiones de fondo y de largo plazo.
Adelanto algunas de las respuestas que se suelen dar y algunas opiniones propias al respecto.
1- “A mayor responsabilidad, mayor remuneración”. Desacuerdo con esta posición por dos motivos básicos. Por un lado la mayor responsabilidad se compensa con mayor poder. O mejor dicho, un principio elemental de nuestra forma de estado (representativo, republicano) es que el poder público debe ser responsable, en consecuencia la mayor responsabilidad se deriva directamente de una esfera mayor de poder, y no constituye un derecho remunerable sino una obligación de la función pública, cualquiera que fuese (ejecutiva, legislativa o judicial). Por otro lado, si bien hay responsabilidades individuales, hay una responsabilidad común. Por mencionar un caso, nadie puede hacer su trabajo en condiciones insalubres, y eso depende de la responsabilidad del personal de ordenanza.
2- “No hay para todos en la cantidad que todos quieren”. Es lo mismo que decir “el agua moja, no podemos hacer nada”. Plantearlo en esos términos es obturar cualquier posibilidad de dialogar y decidir en conjunto. La pregunta no es si hay para todos en la medida que cada uno quiere, sino cómo distribuir lo que hay, y otra vez volvemos a la misma pregunta ¿cuáles deberían ser los criterios de reparto?. Alguien podrá decir “eso es competencia del legislador”, no lo creo por dos razones: a- desde hace tiempo los legisladores sólo asienten el presupuesto enviado por el ejecutivo (y el ejecutivo asiente el que dictamina la máxima autoridad partidaria); b- que solamente los legisladores puedan decidir (léase “consentir”) el presupuesto, no impide que todos los demás podamos debatir públicamente sobre él.
Mientras no se ponga en discusión la pregunta fundamental, la puja distributiva salarial no será otra cosa que una disputa de poder, y en ella, ya se sabe, gana el más poderoso ¿La ley del más fuerte es la ley justa?. El estado se justifica, se legitima a sí mismo, en base a una concepción opuesta. La presente coyuntura es una buena experiencia para saber si esa legitimación es veraz o puro ilusionismo.