Cuando el gobierno de La Pampa demandó civilmente por el daño sufrido en el caso Agüero Araniz, entendió que la ley se debe aplicar de un modo, y cuando es fue demandada por la familia de niño fallecido a consecuencia de una cirugía practicada en el Hospital Lucio Molas, argumentó lo contrario.
El caso Agüero Araniz
La Fiscalía de Estado del Gobierno de La Pampa, demandó a Agüero y Araniz por el caso de corrupción que le costó, según la demanda, cerca de un millón de pesos. Dentro de los muchos vericuetos legales que tuvo el caso, La Provincia sostiene su derecho de demandar argumentando que, habiéndose tratado de un hecho ilícito, el plazo de prescripción de la acción es de 10 años y no de 2, en cuyo último caso la acción estaría prescripta y La Provincia habría perdido su derecho a demandar.
Esta postura del gobierno, a primera vista no parece más que una estrategia útil para sostener su reclamo.
Ocurre sin embargo que en un caso análogo, La Provincia sostuvo el criterio exactamente opuesto para quedar a salvo de una condena por daños cercana a los 300 mil pesos.
En enero del año dos mil un niño de 6 meses fue operado en el Hospital Lucio Molas por un cirujano infantil, a consecuencia de la cual, días después, perdió la vida (caso Pérez Román). El médico fue denunciado y resultó condenado por mala praxis. Cuando la familia del niño inició la acción civil por daños contra La Provincia y contra el médico, ésta se defendió diciendo que la acción civil por un hecho ilícito prescribe a los 2 años y no a los 10, como la responsabilidad contractual. La juez del caso, le dio la razón; la Cámara Civil de Apelaciones revocó esa decisión y responsabilizó también a La Provincia. Llegado el caso al Superior Tribunal de Justicia…. adivine el lector…, sí, respuesta correcta dijo que la responsabilidad civil de la Provincia de La Pampa por el fallecimiento del niño en un quirófano de un Hospital Público, estaba prescripta. Así, doce años después del infortunado deceso, la familia quedó sin reparación por el daño causado.