El 10 de diciembre la comunidad se conmovía con el asesinato de Carla Figueroa a manos de su marido, Marcelo Tomaselli. A un mes del hecho, no hay novedades en el ámbito judicial y el femicida permanece alojado en alcaidía de la Comisaría Tercera. Desde su nacimiento, la historia de Carla estuvo signada por el dolor, la sumisión, la humillación y sobre todo, el desamparo.
A los 8 meses su padre mató a su mamá, a los 19, ella fue asesinada por el padre de su hijo. Fue criada por su abuela, ya que su padre mató a su mamá cuando era bebé. Nació en una cultura y una familia machista, que enseñó a las niñas a ser sumisas y obedientes para ser queridas, y a los niños a ser fuertes y mandones para ser “machos”.
A los 15años tuvo su único hijo con Marcelo Tomaselli, también fruto de una sociedad y una familia machista. Su vida no fue mejor, el infierno cambió de color, pero continuó.
La relación era violenta, era desigual, era patológica. Se había separado y el 12 de mayo pasado, Marcelo la pasó a buscar a la salida del trabajo para recomponer la relación. En lugar de eso, la llevó a un descampado y la violó bajo amenaza de arma. Al día siguiente, se animó e hizo la denuncia. Tomaselli quedó detenido. Ocho meses estuvo tras las rejas.
El 28 de agosto, lo sacaron para llegar hasta el Registro Civil y casarse. ¿Carla estaba en condiciones de decidir con libertad? ¿Estaba presionada? ¿Psicológicamente podía optar? El abogado de Carla, Raúl Quiroga, y el abogado de Tomaselli, Armando Agüero, habían logrado su cometido, que se casaran para solicitar el avenimiento.
Esta es una figura legal arcaica, que pone por encima de los derechos de la mujer, el supuesto bien de la familia. Está en el Código Penal, en el artículo 132. Tras el desenlace de la vida de Carla, se presentaron varios proyectos en el Congreso de la Nación para derogarla.
Quiroga y Agüero solicitaron el avenimiento el 4 de octubre, pero los jueces de Audiencia de Juicio de General Pico, lo rechazaron. Antes de tomar la decisión, se entrevistaron con Carla y consideraron que no estaba en condiciones de decidir libremente. Además de la charla personal, tomaron en cuenta un informe psicológico que indicaba que la mujer estaba en un “colapso psicológico” tras el trauma provocado por la violación.
También se opuso el fiscal Alejandro Gilardenghi, porque consideró que Carla estaba bajo una fuerte presión, que no había tenido ningún tipo de contención psicológica, sin resguardo emocional de la familia o el entorno.
Además, del expediente se desprende que en varias oportunidades Carla había dicho que quería que su ex pareja terminara en prisión porque tenía miedo. Incluso se opuso a la posibilidad de un juicio abreviado.
La ley contempla la contención para las víctimas de violencia de género, pero el estado, tanto en lo que respecta a la Justicia como a los gobiernos provinciales y municipales, no implementan ningún o escasísimo servicio de contención. Resultado: una mujer que se anima a querer salir del círculo vicioso, no tiene quien la sostenga en su ciclópea empresa.
El abogado Agüero apeló la decisión de los jueces y el caso pasó al Tribunal de Impugnación Penal sito en Santa Rosa.
Allí, los jueces no se pusieron de acuerdo. Mientras Pablo Tomás Balaguer resolvió en consonancia con los jueces piquenses y el fiscal; el juez Carlos Antonio Flores prefirió mirar el caso con anteojos rosas y desde una perspectiva machista. Desempató el juez Gustavo Adolfo Jensen.
Balaguer afirmó que Carla no estaba en condición de igualdad para poder decidir, es decir no se cumplía uno de los requisitos para que se aceptara el avenimiento que es la certeza de que se obra con libertad. Carla estaba en una situación de profunda vulnerabilidad.
Flores creyó que la petición de la mujer era “real y sincera, libre sin presiones”. No se entrevistó en ningún momento con ella, ni tuvo en cuenta el informe psicológico.
El 2 de diciembre firmaron la sentencia concediendo el avenimiento, y dando por disuelta la causa judicial. Además, le impusieron a los jueces de la Audiencia de Juicio de General Pico que se implementaran “controles asistenciales y psicológicos tendientes a evitar la producción de nuevos hechos de violencia de género entre los ahora consortes”.
La fiscala Ivana Hernández comenzó entonces a preparar la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia para que se revise la causa y Tomaselli vuelva a prisión. No llegó a terminarla. Ocho días después, Marcelo la mataba de once cuchillazos en la vivienda que compartían con su hijo y la madre de él.
El hecho generó una oleada de indignación entre la gente común y las organizaciones de derechos de las mujeres. La tragedia en la vida de Carla se podría haber evitado. Urge un cambio cultural, no solo legal, y un compromiso del estado para cumplir la ley.
Cuatro días después la totalidad de los diputados provinciales pidieron el jury de enjuiciamiento para Flores y Jensen. A los dos días, solicitaron, uno las vacaciones y otro la renuncia. En Santa Rosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y General Pico se sucedieron las manifestaciones. Las voces se mulitplicaron, desde la vicegobernadora de La Pampa hasta el integrante de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni se pronunciaron al respecto.
Carla ya no está viva, pero su historia puede acelerar los procesos de cambio que desde hace décadas están impulsando los movimientos feministas. Por el bien de las mujeres y de los hombres. Para que no tengamos nunca más una Carla muerta.