El comunicado que se dio a conocer en el día hoy señala que “el doloroso hecho ocurrido en al ciudad de General Pico, que culminó con el homicidio de Carla Figueroa, ha puesto fuertemente en discusión un tipo particular de violencia vinculado con la condición de género y problemática de la familia”.
“Se trata de delitos especiales que, consecuentemente, deben ser tratados desde una perspectiva también especial, donde es importante el castigo del autor, pero más importante aún es la prevención de la conducta homicida, porque en el primer caso se actúa sobre los hechos consumados, pero en el segundo se impide la consumación de los hechos”.
“Es en este punto – en el de la prevención -, que se necesita un abordaje interdisciplinario de los poderes del estado, para adecuar la legislación vigente, suprimiendo todas aquellas figuras que no contribuyen a una solución justa; creando los organismos de detección, seguimiento y corrección de estos problemas, que generalmente involucran y perjudican a mujeres y niños; proporcionando los recursos materiales y humanos necesarios”.
“La inédita violencia que vemos ejercer sobre mujeres y niños, que no estaba siquiera en la agenda de los medios de comunicación hace pocos años, interpela a los poderes del estado y nos obliga conjuntamente a dar respuesta urgente y ajustada a esta situación. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de La Pampa, ante la necesidad de asumir su cuota de responsabilidad, hace público su compromiso de bregar con todo ahínco y convicción republicana ante quién corresponda, por la sanción de las leyes y decretos necesarios para que se cuente con la infraestructura suficiente a fin de hacer frente y evitar, en lo posible este flagelo y sus irreversibles consecuencias. Esta responsabilidad no puede ser sólo atribuida al poder judicial y sus operadores, sino que debe extenderse a todos los poderes del estado, como así también a los estamentos intermedios de la sociedad civil”.
“Nada de lo dicho implica soslayar la responsabilidad de los jueces intervinientes, si les cupiere en el marco de las garantías constitucionales de un estado democrático de derecho, puesto que la ley es para todos y así lo ha sostenido siempre este colegio”.
Firman : Presidente: Miguel Vagge; Secretaria: Susana Grassi.