El documento expresa “algunas reflexiones para generar la opinión y el debate de los compañeros/as trabajadores de la educación y de la comunidad educativa en su conjunto”.
Dice textualmente “manifestamos nuestra preocupación y solidaridad frente a las actuales condiciones en las que trabajamos y los hechos “de violencia manifiesta” que tomaron estado público o no, ya que los mismos se están naturalizando en nuestros lugares de trabajo. Consideramos que ante los sucesos ocurridos en Gral. Pico y en Gral. Acha deberían haber provocado la movilización y el respaldo provincial de gremio docente, que se vio desbordado por los trabajadores que representa. ¿Qué sucede ante situaciones similares? ¿Cómo canalizar estas expresiones espontáneas? Los paros en estas ciudades generaron los planteos gubernamentales sobre la “ilegalidad” de los mismos, pero nunca sobre su legitimidad. ¿No son ilegales las sumas remunerativas en negro? ¿No tienen fuerza de ley los acuerdos paritarios (como el de los 25 alumnos por curso)? ¿No es ley Nacional el Plus Patagónico? ¿Por qué no se cumple la Ley de Financiamiento Educativo? ¿Qué sucederá con la fuente laboral de las maestras reubicadas?…se pueden nombrar muchas “ilegalidades” que el gobierno olvida cumplir y el gremio exigir…y las escuelas son, mientras tanto, “tierra de nadie”. También es necesario remarcar que estas situaciones se extienden a toda la provincia y al sistema educativo nacional, que continúa generando mecanismos denominados de inclusión-excluyente: asegurando acceso y permanencia en el sistema, pero sin garantizar la inclusión social al egreso.
Las jornadas de reflexión siempre son estrategias válidas para analizar la situación a nivel institucional, pero carece de trascendencia cuando no genera resoluciones prácticas sobre las problemáticas, ya que las mismas, hasta el momento, no son resolutivas. Entendemos a la “violencia” como un fenómeno multicausal, que la escuela no puede resolver por sí sola al no poder garantizar la inclusión social y económica que no puede desvincularse de la inclusión educativa. En estos espacios, nuevamente manifestamos que las condiciones laborales actuales (aulas superpobladas, alumnos con problemas psíquicos-sociales, falta de personal, regímenes de asistencia y aprobación flexibles, falta de controles, falta de recursos, entre otras) son propicias para el cultivo de estas situaciones mientras no existan políticas públicas y educativas integrales y verdaderas.
La asunción de las nuevas autoridades y las declaraciones de la nueva ministra de educación, Jacqueline Evangelista, no dan un panorama alentador en materia educativa, ya que por los dichos que “vamos a profundizar lo ya hecho” entendemos que se continuará obviando los reclamos docentes, que se ocultará la violencia en las escuelas y se presionará a los docentes para que no emerjan en los medios de comunicación, y así poder expresar que “no hay violencia en todas las escuelas”. Demás está decir que los reclamos que mencionamos anteriormente seguirán en el olvido (cargos y personal, presupuesto, trabajo estable, salario en blanco, cumplir acuerdos paritarios, entre otros), o a lo sumo se los recordará en alguna mesa de paritarias sin respuestas efectivas.
Ante este panorama nos preguntamos cómo docentes… ¿en qué condiciones comenzaremos las clases el 27 de febrero?, ¿cómo organizarán todo el calendario nuestros visionarios gobernantes (que superponen mesas de exámenes con movimientos docentes)?, ¿cómo cumplir los 190 días de clases con cada vez más feriados?… son más las incertidumbres que las respuestas. Sin embargo lo más importante como trabajadores de la educación sea responder lo siguiente: ¿qué sucederá con las amenazas de que “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2012” si el gobierno no cumple con los anteriores reclamos planteados?, ¿en qué condiciones comenzaremos a trabajar el 2012?, ¿qué debe suceder para que esta amenaza no se efectivice?
En nuestra sociedad sobran los motivos, lamentablemente, para efectivizar estos reclamos de manera urgente. Defendemos la educación pública y de calidad. La misma debe considerarse como derecho social, inalienable de las personas para que cumpla su función de transformadora social y deje de ser un terreno de impunidad”.