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Detenido por privación ilegítima de la libertad, daño y amenazas contra su ex pareja

El sábado pasado se formalizó la denuncia contra un joven de 22 años acusado de encerrar a su ex pareja, de 27 años de edad y embarazada; además de amenazarla y romper un celular tras una fuerte discusión. Los hechos comenzaron el jueves casi a medianoche y fueron denunciados el viernes por la mañana cuando la mujer pudo escapar y solicitar auxilio. El fiscal de turno Alejandro Gilardenghi solicitó al juez de control, Marcelo Pagano la privación de la libertad hasta tanto se sustancia el juicio, pero el magistrado la dispuso solo por quince días.

El hombre ya tenía dos denuncias por violencia de género previas. En los primeros días de noviembre la joven denunció lesiones proferidas por su pareja contra ella y su hija de 4 años. La Justicia lo detuvo y se formalizó la investigación por lesiones leves en concurso real contra las dos. El fiscal interviniente, Gilardenghi, pidió la prisión preventiva o en su defecto la prohibición de acercamiento y comunicación, y una entrevista a través de cámara Gesell con la menor. La niña dio un pantallazo similar al relatado por la madre. Ante ello, el juez de control resolvió la prohibición de acercamiento.

Tras la resolución no hubo controles desde el estado para hacer cumplir la orden del juez, ni contención psicológica para la mujer para no ser presa nuevamente del miedo y la manipulación.

Según el relato de la mujer, lo encontró en el hospital a principios de la semana pasada y ante la compleja situación que el joven estaba viviendo en la casa de sus padres, volvieron a vivir juntos. El jueves a la noche discutieron, el muchacho le rompió el celular, la amenazó y la encerró en el cuarto.

Recién a la mañana lo convenció de ir a buscar plata al cajero, y con la excusa de ir a buscar una bicicleta a lo de una amiga, llamó a la policía y radicó la denuncia ante la Fiscalía. Volvió a intervenir el fiscal Gilardenghi porque ya había intervenido anteriormente.

Tras la formalización de la audiencia, se ordenó la privación de la libertad por quince días para el joven, y una pericia psicológica para la mujer. “La realidad es que ella tiene mucho miedo. No tiene atención psicológica y está esperando que se la demos nosotros, pero nosotros no lo podemos conseguir, no está dentro de nuestras facultades. Yo tomo una denuncia pero si después no tengo resortes, no tengo una psicóloga que la asista, una asistente social que vaya al domicilio… es muy complicado. Yo tengo la formación de un abogado, pero se necesita más”, dijo el fiscal, quien adujo que todos los actores que intervienen en un caso deben actuar con perspectiva de género.