La asociación ecologista presidida por Leandro Altolaguirre exige que se reglamente el Código de Aguas, aprobado hace 180 días para cuidar ese recurso natural y mejorara la calidad de vida de los pampeanos. Significaría, entre otras cosas, que por ley el agua potable se adecuaría a los parámetros de calidad que establece el Código Alimentario Nacional. Hoy, nuestra ley permite hasta 0,18 Mg/l de arsénico cuando a nivel nacional el límite recomendado es 0,01 mg/l. Afirmó, por otra parte, que no hay controles sobre la totalidad del agua fraccionada que se vende en el mercado.
“El código de Agua es el que regula este vital elemento en la provincia. Sabemos que La Pampa tiene graves problemas en lo que hace a tener fuente de agua de calidad y la mala distribución que tienen los buenos lugares para extraerlas. Antes de tener el acueducto del Río Colorado eran las napas freáticas con el problema que tienen de sales totales más el arsénico y flúor, lo que hace que se peligrosa para la salud de la población”, explicó el ingeniero agrónomo ecologista.
Agregó que el Código de Aguas unificaría toda legislación que hay en la provincia sobre el recurso hídrico, norma sobre los derechos y las responsabilidades que tiene el propietario, es decir el estado, busca preservar las fuentes de agua que tenemos y norma sobre lo que hace a la calidad de agua, además de unificar la autoridad de aplicación. Hoy, nuestra provincia se sigue rigiendo con una norma muy antigua que tiene parámetros de calidad de agua que no se han adecuado al Código Alimentario Nacional”.
Respecto a las diferencias entre los valores de flúor y arsénico permitidos en La Pampa y en el Código Alimentario Nacional, afirmó que equipararlos significa inversión desde el gobierno provincial, pero no es imposible llevarlo a cabo. “Hay localidades que ya brindan agua con estos parámetros y lo hacen muy bien y no es costoso, como por ejemplo Realicó”, afirmó.
Y en cuanto a la autoridad de aplicación de la norma, sostuvo que debería crearse el Ministerio del Agua, atento a la importancia estratégica que tiene este recurso en la provincia. Por último, afirmó que no toda el agua fraccionada y vendida para el consumo humano tiene el control estatal necesario, a diferencia de la se provee a través de la red de agua potable.