En una nueva audiencia de formalización fiscal preparatoria, la Fiscal Ivana Hernández puso en conocimiento de dos nuevos imputados la investigación que sigue en su contra, donde resultó damnificada la firma Cargill S.A., con sede en Trili. El cereal extraído sin autorización asciende a las 540 toneladas que determinaría un monto de alrededor de los 800.000 pesos.
Relató el hecho investigado reiterando la complejidad que reviste a raíz de la múltiple participación de imputados y confirmó que según la última información aportada por los representantes de la firma, la cantidad de cereal extraído sin autorización de la Planta asciende a 540.000 kgs. En base a los mismos argumentos esgrimidos en las dos audiencias celebradas anteriormente por el mismo caso, solicitó la prisión preventiva por ocho días corridos para los dos imputados: Oscar Bint, quien es propietario de una balanza ubicada en cercanía a los silos de la planta cerealera y donde – de acuerdo a las pruebas recabadas hasta el momento – el cereal habría sido pesado; y Damián A. Holzmann, jefe de la planta, cuya clave personal de acceso habría posibilitado la comisión del hecho investigado. En ese sentido, la Fiscal recordó que la planta es automatizada y en consecuencia sólo actúa y trabaja mediante la activación de una clave única y personal.
A su turno, Ezequiel Marquesoni defensor de Damián Holzman, se opuso a la prisión preventiva solicitada por la Fiscal, descartando la existencia de peligro de fuga u obstaculización en la investigación. Manifestó que su defendido tiene arraigo en la ciudad, su única fuente de trabajo es la actividad en la Planta de Cargill S.A. y aportó documentación para demostrar que entre el 11 y el 25 del presente mes, Holzmann se encontraba en la Provincia de Salta en una capacitación de personal. Solicitó al Juez de Control que en caso de dictarse una medida de coerción privativa de libertad, fuera un arresto domiciliario.
Armando Agüero, abogado defensor de Oscar Bint, exhibió a la Fiscal y al Juez de Control certificados médicos que acreditan una enfermedad terminal que padece su defendido y a los fines que reciba la asistencia médica correspondiente, solicitó que la prisión fuese en su domicilio.
Requerida a la Fiscal Hernández la opinión de lo manifestado por ambas Defensas, expresó que no tenía objeciones que formular respecto a la petición de Agüero, “por razones humanitarias y en relación a la atención médica que necesita recibir el imputado”. En cambio, se opuso a la petición de Marquesoni y expresó que la situación de Holzmann reviste características similares a los otros tres co-imputados, Hospital, Torreani y Wehmann.
Por último el Juez de Control Marcelo Pagano dictó la prisión preventiva para ambos imputados, determinando que Bint la cumpla en un domicilio de esta ciudad, del que no podrá ausentarse a excepción de las salidas que necesite realizar para continuar con su tratamiento médico. Estableció además, que el control policial en el domicilio se realizará seis veces por día en diferentes horarios. Afirmó: “Estamos ante un hecho complejo en cuanto a la comisión del mismo, donde ya se ha corroborado la participación de varias personas…”. En su dictamen, respecto a la necesidad de dictar prisión preventiva coincidió con la Fiscal en que la investigación se encuentra en su etapa inicial y podría ser obstaculizada por los co-imputados, si éstos se hallaran en libertad.