La Fiscal Ana Laura Ruffini formalizó hoy una investigación por un nuevo hecho sobre abigeato contra Jorge A. Martinez, uno de los cuatro imputados por “Abigeato agravado” por el cual se encuentra detenido con prisión preventiva hasta el día 28 del corriente.
La presente investigación surgió ante la denuncia de Manuel Azumendi, quien el pasado 14 de junio manifestó en la SubComisaría de Villa Mirasol que constató la falta de cuarenta (40) vacunos de raza mestiza, del predio rural que alquila situado sobre Ruta provincial Nro. 10 a quince kilómetros de la localidad de Colonia Barón hacia el cardinal este, llamado “La Punilla Vieja”. Los animales faltantes tienen un peso aproximado de trescientos (300) kilogramos y un valor de tres mil quinientos pesos cada uno. Todos deberían tener su caravana de trazabilidad (orejera) puesto que se encontraban en ese establecimiento desde el día 28 de mayo del corriente.
En su declaración, Azumendi manifiesta que debido a la sustracción de 76 animales del establecimiento “Sol de Mayo” hizo un recuento de esa hacienda, corroborando posteriormente junto a personal policial, la falta del candado de la tranquera donde se hallaban los animales, como así también rollos de alambre sueltos en varios lugares y algunas huellas que llamaban la atención.
Treinta y nueve de los cuarenta animales denunciados como faltantes, fueron hallados en el predio que arrenda Martinez ubicado en el Dpto. Conhelo y fueron posteriormente identificados por el médico veterinario policial Alejandro Asís quien realizó el pelaje de los animales dejando al descubierto la marca utilizada por Azumendi.
Ruffini solicitó la acumulación de ambos lejados considerando que existe conexión entre los hechos investigados, al tiempo que pidió la prisión preventiva para Martinez hasta el mismo 28 de junio cuando finaliza la ya dictada.
El Juez de Control Marcelo Pagano previo escuchar el alegato de la Defensa a cargo del Dr. Santiago Vázquez, hizo lugar a la solicitud de la Fiscal destacando los argumentos de Ruffini basados en el peligro de fuga y en que la pena en expectativa sería de efectivo cumplimiento, considerando que Martinez tiene una condena anterior y por otro lado, que el mínimo previsto para el principal delito investigado es de cuatro años, superando el mínimo de tres años que el Código Procesal Penal prevee como condición para dictar una prisión preventiva.