Un juez civil sustituto, Claudio Daniel Soto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Juan Carlos Tierno para que pueda “ejercer su derecho a presentarse a cargos electivos, ya sea como precandidato y/o candidato”, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades lo inhabilitaba por estar cumpliendo una condena por un delito.
Tierno había presentado la cautelar en el marco de un planteo de inconstitucionalidad del artículo 15, inciso f) de la Ley Provincial N° 1597 (Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento).
El artículo 15, inciso f) se refiere a inhabilidades y dice que “no podrán ser miembros electivos de las municipalidades y comisiones de fomento los condenados penalmente por delitos dolosos, mientras dure la condena impuesta”.
El fallo del juez Soto dice textualmente que” dado que si bien el actor no acredita haber sido electo para algún cargo municipal por no haberse aún realizado el proceso eleccionario pertinente, en el entendimiento que el derecho constitucional invocado -a ser elegido por la ciudadanía- podría verse eventualmente afectado en las instancias electorales previas a la elección definitiva para el cual el actor pudiere pretender participar en virtud a lo resuelto en la causa penal «TIERNO Juan Carlos sobre Abuso de Autoridad» Causa Nº 92/13 -que conforme constancias de Secretaría la sentencia condenatoria allí dictada no se encuentra firme por estar pendiente de recurso-, y meritando el año electoral en curso que es de público y notorio conocimiento; es que en los términos del art. 224 del C.P.C.C. y bajo la exclusiva responsabilidad del peticionante y en estricto marco de transitoriedad que implica el dictado de una medida cautelar, se dispone como medida cautelar genérica y hasta tanto la sentencia definitiva dictada en la causa referida se encuentre firme, se posibilite a Juan Carlos TIERNO a ejercer su derecho a presentarse a cargos electivos, ya sea como precandidato y/o candidato”.
De esta forma, Tierno podrá presentarse en las elecciones, pero si gana y la condena que se está revisando quedara firme, tendría que dejar el cargo de intendente. Tiene una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso de autoridad, que aún no está firme.
Un caso similar ocurrió con Omar Ávila, en General Acha. La Justicia lo habilitó para presentarse como candidato a intendente por su ciudad, ganó, pero a la semana debió renunciar porque la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo condenatorio.