En la tarde de ayer se desarrolló en los Tribunales de General Pico la audiencia de ofrecimiento de pruebas por el robo que sufrió la cooperativa piquense a comienzos del 2012. En total fueron ofrecidos unos 70 testigos y una extensa cantidad de material probatorio. Se presume que el debate oral y público no se realizaría antes de fin de año y si se concreta duraría más de dos semanas.
El procedimiento se llevó a cabo el miércoles a las 18 horas en la Sala de Audiencias N° 1 del Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la coordinación de la jueza de control Paola Loscertales.
Como es obligatorio para estas audiencias, estuvieron presentes los cuatro imputados, Gastón Fernández, Carlos Fernández, Santiago Romano y Roberto Sosa, acompañados por los abogados defensores Oscar Félix Ortiz Zamora, Sergio Fresco, Walter Vaccaro y Armando Agüero.
Del otro lado se situó la fiscal de la causa, la doctora Ivana Hernández, y el querellante, el doctor Ezequiel Marquesoni.
Si bien la audiencia fue privada, fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía ofrece un extenso caudal de material probatorio y además entregó un listado de 53 testigos a convocar para un eventual juicio. Por su parte, los defensores también presentaron sus pruebas y, entre los cuatro, ofrecieron 17 testigos más.
Todos los imputados están acusados por “robo en poblado y en banda”, que prevé una pena en expectativas que va de los 3 a los 10 años de prisión de efectivo cumplimiento. De todas formas, días atrás los asesores de cada uno de ellos solicitaron que se les otorgue la “probation”, algo que aún está sin resolución y que podría ser motivo de dilación de un eventual debate.
De acuerdo a la fuente consultada, en caso de que el tribunal integrado por los jueces de audiencia Fabricio Losi, Carlos Pellegrino y Florentino Rubio no acepte la aplicación del beneficio, los defensores estarían dispuestos a apelar la resolución hasta la última instancia, lo que generaría que pudiera desarrollarse recién a finales de este año o principios del 2016.
De igual manera sigue latente la posibilidad de que ni siquiera se lleve a cabo el debate, dado que si se otorgan las “suspensiones de juicio a prueba” solo quedaría imputado Samuel Orellano, quien incluso podría arribar a un acuerdo de partes.
La fiscal Hernández y el abogado marquesoni de Corpico
Jueza Paola Loscertales