Cuatro de los cinco imputados por el robo de las cajas fuertes de la cooperativa, ocurrido hace más de tres años atrás, pidieron la suspensión de juicio a prueba. La fiscala Ivana Hernández tiene que emitir dictamen al respecto y aunque no adelantó cuál va a ser, reconoció que “en este tipo de hechos, en nuestras circunstancias se otorga la probation”.
Fiscala Ivana Hernández (foto de archivo)
Hernández explicó que “la fiscalía tiene que dar su criterio antes de que el juez resuelva, en determinados casos es vinculante. Hay una cuestión de jurisprudencia sobre el tema y en este caso puntual donde la pena puede superar los 3 años, la posición de la Fiscalía sería vinculante. De todas formas, por más vinculante que sea, si el Tribunal lo rechaza, puede hacerlo porque hay jurisprudencia en contrario”.
E indicó que si bien no puede adelantar cuál será su posición, tendrá que ver “con evaluar el hecho, el ofrecimiento, efectuar un ofrecimiento si creemos que es poco el que propone la defensa y darlo. Lo cierto es en este tipo de hechos, en nuestras circunstancias se otorga la probation. La probation no es un beneficio del imputado sino un derecho que tiene. En este caso puntual habría que ver que razones tendría yo para no otorgarlo y porqué tendría que ir a juicio”.
El abogado de la cooperativa, Ezequiel Marquesoni, presentó un escrito oponiéndose a la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba o probation. Entre otros argumentos, indicó que la reparación económica ofrecida no es proporcional al daño causado (ofrecieron entre 4 y 5 mil pesos, y el robo fue por más de 150 mil pesos en efectivo y cheques).
La fiscala explicó la invalidez del argumento, según su análisis. “Lo cierto es que la reparación, en caso de la probation, tiene que ver con una reparación simbólica porque para una reparación integral buscamos la vía civil o una conciliación en el fuero penal”.
Marquesoni también argumentó que la expectativa de pena es alta, de 3 a 10 años de prisión porque es un delito grave y eso inhabilitaría la probation. Hernández opinó que “la respuesta punitiva del estado es la misma en caso de un juicio o una probation y el cumplimiento de la misma. La aplicación práctica es la misma. Además, la calificación es provisoria pues puedo ir a debate y acusar de robo simple, que tiene un pena mucho más baja”.
La semana pasada, los Oscar Ortiz Zamora, Armando Agüero, Sergio Fresco y Walter Vaccaro solicitaron la suspensión de juicio a prueba ante el tribunal integrado por los jueces Fabricio Losi, Carlos Pellegrino y Florentino Rubio
La jueza de control Paola Loscertales consideró que se cumplimentaban todos los requisitos necesarios para que el pedido fuera válido, por lo que declaró la “admisibilidad” del planteo. Y será el Tribunal el que decida si acepta o no el pedido de “probation”. En caso de que no acepten o de que lo hagan y los implicados en algún momento violen las medidas dispuestas, la causa seguirá su cauce normal hasta un debate oral y público.
El quinto imputado, Samuel Orellano, tiene antecedentes penales por lo que no puede solicitar el beneficio de la probation. Además, está cubriendo una condena en la localidad bonaerense de América, por otro delito. Sin embargo, podría solicitar un juicio abreviado, según indicó su abogado Oscar Ortiz Zamora, y evitarse un debate oral y público que se supone tendrá más de 50 testigos.
Si se lograra evitar el juicio, los detalles de cómo sucedieron los hechos nunca saldrían a luz, ya que un debate oral y público es de acceso a cualquier ciudadano pero un juicio abreviado se resuelve entre las partes sin presencia de terceros.
Esta semana se realizará la audiencia de ofrecimiento de pruebas y luego el Tribunal resolverá sobre la suspensión de juicio a prueba solicitada por Carlos Fernández, Gastón Fernández, Santiago Romano y Roberto Sosa