El Tribunal Oral Federal se expidió el pasado 27 de marzo respecto al caso que fue denunciado a mediados de 2013. Durante unos siete meses el condenado obligó a su pareja a ejercer la prostitución y consumir estupefacientes, además de golpearla, mantenerla cautiva y restringirle el contacto con sus seres queridos. El periplo de la víctima tuvo su comienzo en nuestra ciudad, de acuerdo a lo que surgió de la investigación.
La denuncia la radicó la propia mujer en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia la Unidad Regional I, con sede en Santa Rosa, el 24 de junio del año 2013.
En ella dejó constancia que mantuvo en la capital pampeana una relación sentimental con el condenado.
Por motivos económicos se trasladaron en diciembre de 2012 a General Pico, donde él comenzó a obligarla a ejercer la prostitución. El hombre era el encargado de fijar las tarifas, cobrar a los clientes y controlar a la mujer en la cercanía de los lugares donde se realizaban los encuentros.
Posteriormente la pareja se trasladó a diferentes localidades de nuestra provincia, donde continuó la explotación sexual.
Finalmente ambos retornaron a Santa Rosa, donde tras vivir solos un tiempo, se trasladaron a la vivienda de la familia del condenado. En ese lugar no solo la joven era obligada a prostituirse, sino que además debía oficiar como sirvienta de toda la familia.
Durante el lapso que la damnificada fue sometida por su concubino, manifestó que este la agredió física y psicológicamente de forma constante, además de obligarla a consumir cocaína, ya que esto presuntamente la “relajaría” para realizar “su trabajo”.
El sometimiento de la denunciante fue tal, que su victimario no le permitía visitar a ni siquiera a sus familiares y solo la dejaba comunicarse con su madre, utilizando el altavoz del teléfono para controlar lo que hablaban. Tampoco le permitía salir de la vivienda que compartían, a no ser que él la acompañara.
Finalmente en junio de 2013 la mujer logró escapar de su explotador y radicó la denuncia en sede policial que derivó en una investigación llevada a cabo por el fiscal federal Juan José Baric.
En el debate la Fiscalía estuvo representada por el fiscal federal general Jorge Bonvehí, quien presentó prueba contundente que terminó con la condena para el imputado, por la comisión de los delitos de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, en concurso ideal con el delito de trata de personas en su modalidad de captación con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado engaños, violencia y amenazas”. La pena impuesta fue de 8 años de prisión de efectivo cumplimiento.