
Juan Pablo Meaca, Defensor de los Derechos de los Niños y Adolescentes, afirmó que se violaron los derechos de los niños cuando policías de la Comisaría Primera demoraron a dos niñas, de 12 y 13 años de edad, por una denuncia errónea, que además fue errónea. A partir del hecho, buscarán capacitar a todo el personal de las fuerzas de seguridad, ya que el procedimiento fue incorrecto y violatorio de los derechos internacionales.
Explicó que el procedimiento realizado por la policía “no es el que corresponde. Primero hay que notificar a los padres y poner a los chicos en resguardo de sus progenitores, y luego notificar al Juzgado para que intervenga y a su vez informe al Ministerio de Bienestar Social para que evalúe la situación”.
Cabe recordar que el domingo pasado, alrededor de las 18 horas, un hombre identificado como Alejandro Fernández persiguió a dos niñas reclamándoles un celular que él había dejado olvidado en un banco de la plaza San Martín.
Al no conseguir su objetivo, radicó la denuncia y policías de la Comisaría Primera, en un número importante, abordaron a las niñas en la Plaza Seca y la obligaron a ir a la dependencia policial. Una de las pequeñas llamó por teléfono a su madre, quien las llevó a la Primera y luego a la Unidad Funcional de Género y Niñez. Estuvieron demoradas 7 horas.
Meaca explicó que “lo primero que hay que tener claro es que la República Argentina tiene fijada por ley, que recién a partir de los 16 años el estado considera que por cualquier situación de denuncia, puede demorar a las personas. Bajo esa edad, se renuncia al tema de la persecución penal, el estado considera que el desarrollo racional que tienen para comprender el hecho y sus consecuencias, no tiene maduración. Entonces, interviene no desde los ámbitos judiciales y policiales, sino de los ámbitos del Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Niñez.
Respecto a la intervención de las comisarías en detenciones de menores de 16 años, afirmó que en todo el país “es una cuestión que se ha tratado de superar, por hechos que son íconos donde ocurrieron tragedias con menores en las comisarías”.
Por otra parte, observó que “a cualquiera le puede pasar esta situación, que es violenta, donde se violan los derechos de los niños, y por ahí cuando pasa en los propios hijos, uno descubre que la exigencia de la sociedad de que se persiga y castigue a los menores en estado de delincuencia, no tiene en cuenta de la vulnerabilidad que tienen los chicos”.
Además, cuestionó al hombre, de apellido Fernández, que radicó la denuncia. “Culpar a una persona, sobre todo cuando son niños, y más cuando no se tiene certeza que la culpabilidad, es una irresponsabilidad muy grande.”, indicó.
Agregó que están “tratando de juntarnos con los responsables del gobierno provincial por el tema éste, sobre todo porque una vez que está producido el hecho, para estas dos adolescentes que fueron vulneradas en los derechos que tienen, el daño ya fue hecho. Como defensor, lo que tengo que plantear es un criterio general de cómo se interviene en estos casos”.
Indicó que en todas las unidades funcionales de Género y Niñez hay un protocolo. “Vamos a plantear si se aplica o no. Y vamos a ver con ellos si ese protocolo lo aplican en las comisarías y dependencias policiales que no corresponden a esas unidades funcionales”, indicó.
Si no se conociera el protocolo de actuación con menores de 16 años, adelantó que se va a plantear “una capacitación para todo el personal de las fuerzas de seguridad, para que no pasen estas situaciones que son lamentables y vulneran sus derechos”.
Por otra parte, informó que se está llamando a concurso para armar los equipos técnicos y se va a considerar la posibilidad de tener una sede de la Defensoría en General Pico. Es un organismo del estado que no depende de ninguno de los tres poderes republicanos, “es una exigencia que tiene la Convención de los Derechos de los Niños”.
Por el momento tienen una página en facebook y en twiter como nexo de comunicación (Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa) y cuenta con una oficina ubicada temporariamente en la Cámara de Diputados.