“Todo el espectro político representado en esta Cámara ha mantenido una coherencia en cuanto a sostener posiciones opuestas a las del Poder Ejecutivo en tres momentos claves en torno al manejo petrolero de nuestra provincia. El primero de ellos en lo referido a la creación de Pampetrol; en la incorporación de directores de la oposición en el directorio de esa empresa y en la ley de hidrocarburos. Es decir no es la postura de un solo sector sino de todos los sectores aquí representados”, aseguró el diputado Daniel Lovera en medio de las discusiones en torno a los proyectos de renovación de contratos con las empresas petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobras. “En ningún momento observé una oposición por la oposición misma”, le contestó el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Matías Tosso. Mañana emitirían un dictamen.
Ese intercambio marcó la tónica del debate que se mantuvo durante el plenario de las comisiones de asuntos agrarios, turismo, industria y obras públicas; hacienda y presupuesto; y ecología, de esta Cámara, en la que se escuchó a los funcionarios gubernamentales, Tosso; Jorge Amigone, director de Hidrocarburos; y el asesor Walter Pérez. Una tónica de cierta confrontación, pero también de respeto mutuo, sin agravios.
Los dos ítems donde se expusieron los mayores contrapuntos entre la postura de los funcionarios del ejecutivo y los legisladores, se dieron en torno a la rentabilidad de las empresas y la tasa que el gobierno reconocería a esas empresas si optaran por canjear por bonos la participación de Pampetrol en las ganancias de las mismas.
Fue la diputada Claudia Giorgis la que calificó de “desconsideración a la democracia, pretender que esta renovación de contratos se haga entre gallos y medianoche en cuatro días”, blandió un recorte periodístico donde el gobernador habría hablado de 92 millones de dólares de rentabilidad e introdujo el tema de la opción “bono fijo o porcentaje a 10 años, pero porcentaje de qué, el 205 de las utilidades o de la participación accionaria”, se preguntó.
Pérez le aclaró que “al momento de hacer los cálculos nunca se habló de 92 millones” y que “el 20% que le corresponde a Pampetrol es de la utilidad futura que obtenga cada empresa”.
El diputado Darío Casado cuestionó el modo de obtener el porcentaje de flujo de fondos, según él “mal hecho”, porque no se tomó en cuenta a los costos. Pérez dijo que se trata de una “estimación”, un 17,5% a PCR y un 13, 8 % a Petrobras, lo que significará 500 mil U$A y 300 mil U$A, respectivamente.
A pedido del diputado Martín Berhongaray, Tosso reveló que “el inicio de las negociaciones para la renovación de contratos con las empresas se inició en agosto del año 2014”, que “se está negociando con estándares diferentes a los de la ley nacional porque en su momento se dispuso 90 para que cada provincia lleve adelante la renovación con los parámetros propios”, que “el gobierno debe cogestionar con las empresas para no caer en la realidad de la industria petrolera que especulan con su inversión en los últimos cinco años de cada contrato en pos de obtener una renovación”, que “las empresas especulan con no firmar ahora y una vez cumplido el plazo de 90 días, buscar sacar ventajas a través de la ley nacional”, “que los dos contratos propuestos superan las condiciones actuales” y que “en el mundo se avanza hacia los contratos de locación de obras y servicios, como el que tenemos con PCR”.
Luego el punto en discusión fue la opción que tendrán que votar los diputados entre que la empresa Pampetrol perciba el 20% de las utilidades de cada empresa o cobrar un bono adelantado, donde el Estado provincial contempla una tasa descuento en dólares del 8,75% a 10 años.
A los enviados por el Ejecutivo les cayeron por esa tasa, considerada sumamente perjudicial para el Estado por el diputado Martín Borthiry que señaló que “cualquier tasa de interés de cualquier banco no paga más del tres por ciento con lo que el Estado recaudaría unos treinta millones de dólares menos de aplicar la tasa propuesta”, detallando que “la diferencia entre una y otra tasa en el caso de Petrobras es de 16 millones de U$S y en el de Petroquímica es de 11 millones de U$S”, para concluir diciendo que “la tasa beneficia a las empresas y no al Estado, en lugar de obtener 73 millones de U$A, podríamos obtener 100 millones de U$A”.
A esos conceptos los reforzó el asesor del bloque de legisladores justicialistas, Ernesto Franco diciendo que “en la negociación es la empresa la que quiere una tasa del 8,75%, porque esa es la tasa de un título público que contempla el riesgo país, pero el Estado debería haber propuesto una tasa del 1% que es la de cualquier interés bancario, se optó por la tasa propuesta por la empresa”.
El asesor del Ejecutivo, Pérez, les salió al cruce revelando que “las empresas querían una tasa del 10 u 11 por ciento. Lo que ocurre es que en el razonamiento por ustedes utilizado no contemplan la prima de riesgo, que no la cubrís con un 3 y mucho menos con un 1%. Una tasa de interés es prácticamente libre de riesgo, en una actividad empresaria nadie puede garantizar eso, en esto se involucra el riesgo que corre la empresa durante 10 años en los que puede caer el precio del petróleo, pueden incrementarse los costos, etc, etc”.
El diputado Hugo Pérez calificó a la renegociación como “hecha a la ligera”, dijo que con “el bono estaríamos condenando a Pampetrol a la desaparición”, denunció “el terrorífico pasivo ambiental que produjo la sobreexplotación de las áreas adjudicadas a Petrobras” y se preguntó “a diez meses de un recambio gubernamental ¿por qué atar al próximo gobierno con la renovación de un contrato que recién vence en 2016?”.
Borthiry manifestó su preocupación ante “la inacción del gobierno ante la extorsión que desde hace dos años vienen generando las empresas con las crisis en el sur provincial para obtener la renovación de sus contratos”, el diputado Pedro Etchalus ante “los cambios políticos propuestos que afectan la libre disponibilidad en los municipios de las regalías” y la diputada Carmen Bertone por los pocos inspectores (5) que controlan a las empresas petroleras”.
Sellos
Sobre el cierre del encuentro, se hizo presente el ministro de hacienda, Sergio Violo, que escuchó los cuestionamientos de Borthiry ante los distintos valores que se contemplan en cuanto a la aplicación del impuesto a los sellos según se trate del contrato que dispone destinar el 20% de las utilidades a Pampetrol con el que dispone el canje por bonos.
El ministro dijo que “no se puede analizar la aplicación del impuesto a los sellos por fuera del contrato en su conjunto y para la renovación del contrato en su conjunto, se privilegió la inversión de las empresas”.
Mañana a las 11
Finalmente los legisladores programaron un nuevo plenario de las mismas comisiones para mañana miércoles a la hora 11:00 en la que seguramente han de estar emitiendo dictamen sobre los proyectos en cuestión.