ANSES anunció que se están tramitando las primeras pensiones graciables no contributivas para ex presos políticos conforme la Ley N 26.913. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Anses va a disponer el pago de esas pensiones partir del mes de diciembre del corriente año, previa comunicación con el beneficiario.
El coordinador de ANSES provincial Espartaco Marin mencionó: “que se implementó un circuito ágil y eficaz mediante el cual para acceder a este derecho el beneficiario debe acercarse a la oficina de la Anses más cercana, con copia de su DNI, llenar una formulario y firmar una declaración jurada donde se asevera que no percibe otra pensión o beneficio por la misma naturaleza en el orden municipal, provincial o nacional. Luego este expediente lo analiza el área técnica de la Secretaria de derechos humanos de acuerdo a la ley 26.913, y si se encuentra dentro del marco de la misma se valida el otorgamiento de la pensión.
La forma de pago es la siguiente: el beneficiario deberá concurrir, con su DNI y la notificación realizada por Anses, a la entidad bancaria que le ha sido adjudicada. Allí se le otorgará una tarjeta de débito que le permitirá acceder a la pensión. En caso de no contar con dicha tarjeta, los primeros pagos se podrán efectivizar por ventanilla”, finalizó.
En el año 2013, el Congreso Nacional sancionó la ley Nª 26.913, que establece el otorgamiento de una pensión graciable para aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.
El trámite de la misma se lleva adelante en la ANSES y La Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano encargado de resolver si corresponde o no el derecho al otorgamiento de la pensión.
A días de haberse conmemorado el día internacional de los derechos humanos vale la pena destacar esta iniciativa nacional de reconocer a quienes han estado privados ilegítimamente de su libertad en el marco del terrorismo de estado por causas políticas gremiales estudiantiles menciono el coordinador de Anses.
Y remarcó: Esta política de reivindicación de los derechos humanos iniciada por Raúl Alfonsín con el juicio a las juntas y la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), luego interrumpida con la sanción de la ley de punto final y obediencia debida, silenciada a través de los indultos durante el gobierno de Menem que impuso la política de reconciliación, (donde podemos rescatar casi en soledad la ley nacional 24.043 del año 1991, cuyo autor fue el ex senador Marín, que indemniza a ex detenidos del Poder Ejecutivo Nacional y a civiles juzgados por tribunales militares antes del 10 de diciembre de 1983) y retomada por el ex presidente Néstor Kirchner y por Cristina posibilitando la reapertura de causas al anular las leyes de punto final y de obediencia debida, también tiene bases sólidas en nuestra provincia.
Vale la pena recordar 4 medidas fundamentales impulsadas por el primer gobierno democrático encabezado por Rubén Marín luego del último golpe de Estado. El decreto que enviara el entonces gobernador a la legislatura en el año 1984 resolviendo pasar a disponibilidad a parte del Poder Judicial de la provincia para que se investigue su comportamiento durante 1976-1983. La ley 717/84 y su decreto reglamentario 751/84 que posibilitó la reincorporación de los trabajadores de la administración pública prescindidos por causas políticas en el mismo periodo estableciendo un plazo de 6 meses para que presentaran la documentación necesaria a los efectos de poder ser restituidos en sus empleos. El decreto por el cual se repone la estabilidad laboral a una gran parte de empleados públicos dejando sin efecto la resolución 243, que otorgaba la potestad al ejecutivo a fin de cada año de volver a designar o no al trabajador sin que este pudiera reclamar legalmente en caso de perder su trabajo por no ser redesignado. Y por último y a 9 días de asumir, el decreto 99/83 que impulsa la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía de la pampa por la represión ilegal en la subzona 14 y luego el decreto 2151/85 que destituye a los integrantes de la policía de la provincia que fueron victimarios de la dictadura. Estas últimas medidas fueron entregadas al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a la Corte Suprema de la Nación, al Ministerio del Interior de la Nación y a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y su contenido e información recabada sirvió para argumentar los juicios a represores nacionales y también para llevar adelante el juicio de la subzona 14 en nuestra Provincia.
Por último y frente al panorama electoral del año que viene el coordinador Espartaco Marín concluyo: “mientras que para algunos candidatos presidenciales la política de derechos humanos es un curro, para nosotros fue, es y será una política de estado”.