El últimos viernes, el fiscal Juan Carlos Carola firmó la resolución a través de la cual se pide investigar a la delegación piquense del Ministerio de Bienestar Social (MBS) durante la gestión de Gustavo Fernández Mendía, a la fundación Rumen y la cooperadora Domingo Savio, por el presunto delito de omisión de denuncia en el caso de una niña violada en el año 2012 bajo la guarda del estado en los minihogares. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (la FIA) también pedirá que se reglamente la inclusión de la ONG en las funciones del MBS.
Cabe recordar que la cooperadora Domingo Savio pertenece al CERET, sito en calle 7 y 110, y la Fundación Rumen es una ONG dedicada al tratamiento de personas en situación de adicciones, con dos domicilios, calle 2 entre 3 y 5 y calle 21 y 56. El Ministerio de Bienestar Social terceriza a través de estas dos instituciones lo que se le abona a celadores y otro personal de la delegación de Políticas Sociales sita en calle 14 y 103. Este mecanismo e tercerización de trabajadores es de larga data y comenzó con el gobierno de Carlos Verna, con otras fundaciones como la desaparecida Manasés.
El CERET tiene mediante convenio con el MBS la concreción del Politécnico Arturo Ferrero, pero además de eso, recibe mediante subsidios el dinero del ministerio y paga sueldos de trabajadores de la delegación de Políticas Sociales, que depende precisamente del ministerio. Es un mecanismo, hasta ahora legal, para evitar tomar empleados en planta permanente.
Legalmente, tanto Rumen como Savio son responsables por el personal que trabaja en los minihogares y otros espacios de la delegación, aunque los trabajadores están bajo las órdenes de los funcionarios del ministerio, en el caso de General Pico, de Analía Kuceski quien estaba en ese momento. Cuando en 2013 ingreso Marta Miskoff como delegada, se dio de baja a parte del personal y se tomó nuevos operadores. Los contratados a través de Rumen y Savio no tienen prácticamente derechos laborales.
El caso por el cual se pide investigación penal data de 2012 y corresponde al de la niña de 11 años con serios problemas de conducta, que se escapaba constantemente, a quien se le había colocado un DIU (dispositivo intrauterino para evitar embarazos) violada y que fuera derivada a un instituto fuera de la provincia. El delito sería de “omisión de denuncia” ya que no se habría denunciado la situación. Es la delegación, en aquel entonces bajo responsabilidad de Analía Kuceski, quien tomó las decisiones, pero como legalmente el personal que habría incurrido en el supuesto delito, estaba y sigue estando bajo responsabilidad de Rumen y Savio, la denuncia de la FIA también alcanza a las dos ONG.
Además de la denuncia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pedirá que se controle a las ONG a través de las cuales se contrata personal para trabajar en el estado. Solicitó la elaboración de un proyecto de ley que permite a su organismo investigar a las ONG, asociaciones o entidades de bien público que se prestan a la maniobra de precarización laboral mencionada.
Además, desde la FIA se pide la redacción de un protocolo de actuación para con los niños y niñas bajo la tutela del estado en familias sustitutas o mini hogares. También que se redacten las directivas sobre contratación de personal. Por otra parte, pide que se evalúe el cumplimiento de los convenios con Rumen y Domingo Savio, se realice un relevamiento del personal y se analice la continuidad de los convenios.
El fiscal Carola, además, afirma que el personal que debe operar con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que son los que están bajo la tutela del estado, deben tener estabilidad laboral, ser bien remunerados y estar altamente capacitados. Por ello sugiere capacitación permanente a través de la UNLPam u otros organismos educativos.