El diputado Luis Solanas (Socialismo en el FrePam) afirmó que se incumplieron los deberes de funcionario público porque pasaron dos años desde que se puso en marcha el protocolo de aborto no punible y en el hospital Centeno no se garantiza la práctica. No cuestionó el derecho a la objeción de conciencia sino el uso corporativo que hacen los ginecólogos y obstetras del hospital. Afirmó que el ministro Mario González es “un inútil” que no está a la altura de su cargo.
El diputado había solicitado sanciones para los médicos que se negaron a practicar la interrupción del embarazo en la niña y ante ello, el ministro de Salud, Mario González afirmó que es “una aberración lo que pide Solanas”, entre otros conceptos.
Solanas afirmó que González “nunca contesta con argumentación lo que nosotros le cuestionamos, lo único que sabe hacer es descalificar, utiliza malas palabras para dirigirse a los diputados que le cuestionan que hay algunas cosas que las está haciendo mal. Incluso, hasta descalifica cuando uno le hace un aporte porque tiene tal nivel de violencia que se irrita por todo”.
Y sostuvo que “no puede ser que no consiga un ginecólogo que vaya a Pico a realizar la interrupción del embarazo a la niña violada. Dijo que lo que pido, es decir la sanción de esos médicos, es una aberración. Yo seré un aberrante pero él es un inútil que hace dos años que no consigue un ginecólogo para prestar un servicio”.
Y opinó que “González no está a la altura de ser ministro, es un hombre que no responde nunca con argumentación, es el responsable de la principal política social, no tiene gestión, no tiene una política clara de salud, mucho menos cuando hablamos de salud reproductiva.”
Además, el diputado socialista adelantó que están “preparando una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque aquí hay responsables de que no pueden garantiza el servicio. La responsabilidad comienza por el ministro de Salud y si él acredita haber instruido a alguna línea esa responsabilidad, será entonces de quien tuviera esa responsabilidad”#.
Y aclaró que “no es responsabilidad del director del hospital porque no tiene la responsabilidad de contratar, pero ante la FIA no vamos a señalar a nadie a particular, vamos a pedir que se investigue quien es el responsable y a partir de ahí que se realicen las actuaciones sumariales, judiciales y administrativas que correspondan”.
Y argumentó que el pedido de investigación y sanción se basa en que “el estado tiene obligación, desde el momento en que se hizo el protocolo, en mayo de 2012, de garantizar la interrupción del embarazo en caso que de se esté embarazada a causa de una violación. Pasaron más de dos años y el estado no lo garantizó, creemos que se incumplieron los deberes de funcionario público.”
Respecto a la objeción de conciencia presentada por los ginecólogos y obstetras aclaró que “defendemos la objeción de conciencia porque es un derecho de avanzada, al menos fue una salvaguarda frente a lo que fue la obediencia de vida, el problema es que acá se degeneró porque la totalidad de los ginecólogos y obstetras de uno de los dos hospitales de la provincia donde se realiza el aborto no punible se negaron por estar en ese registro. Ahora, ese derecho se puede contabilizar cuando el estado garantiza poniendo a alguien que no esté en el registro de objetores de conciencia”.
Concluyó diciendo que lo que ocurrió con la negativa a interrumpir el embarazo a la niña de 11 años violada “es una barbarie porque los médicos acreditan un derecho individual que se llama objeción de conciencia y no puede ser que ese derecho le gane al derecho de esa niñita a ser atendida”.