En un texto publicado en el sitio de la Procuraduría General de la Nación el fiscal Juan José Baric afirmó que hubo trabas judiciales y políticas. Baric resaltó los grandes problemas que debió sortear por enfrentar al poder político: “En estos casos encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir ‘son putas porque les gusta’. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas fue el principal escollo. En la causa de Rogers, son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a declarar en indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba, sobre los dos funcionarios no ordenaban su indagatoria. Me llegaron a advertir que al peronismo de la Pampa no veía con buenos ojos lo que yo estaba haciendo.”.
Y continuó: “No solo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino por el contrario. Metieron más trabas que nadie. Inclusive en la causa de Rogers, para que lo procesen tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá. En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual Juez con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”.
La investigación llevada a cabo por Ana Inés Cabral manifiesta que las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Federal de Santa Rosa de La Pampa, Juan Baric, dieron como resultado la imputación de cuatro intendentes de distintas localidades de la provincia, investigados por presuntas connivencias con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.