Fue quien construyó la primera parte del Acueducto del Río Coloradoen la época en que Carlos Menem era presidente, Rubén Marín gobernador y “Cacho” Campo intendente. Esta ciudad lo recuerda por el incendio del depósito de Tubos Prodinco S:A, firma de la cual era titular y que dejara un recuerdo muy doloroso para esta ciudad en aquel fatídico 15 de agosto de 1999. Ese día perdieron la vida dos jóvenes bomberos voluntarios. Hacía poco se había inaugurado en el parque Industrial Prodinco S.A. empresa que fabricaría los tubos del acueducto Río Colorado en su primera etapa.
Gualtieri, hoy con barba, minutos antes de conocer el fallo
En la mañana de hoy Victorio Gualtieri recibió una pena de dos años de prisión, en un juicio que se llevó a cabo en Mar del Plata, tras comprobarse la utilización del régimen de promoción industrial que regía en la década del ’90, para lograr el diferimiento en el pago del IVA y ganancias por 4,5 millones de pesos. También fueron condenados su hermano Nicolás Gualtieri y el empresario Hugo Barreña.
Los empresarios Victorio Américo Gualtieri, Saverio Nicolás Gualtieri y Hugo Barreña fueron condenados por el delito de «obtención fraudulenta de beneficios fiscales», tras comprobarse la utilización del régimen de promoción industrial que regía en la década del ’90, para lograr el diferimiento en el pago del IVA y ganancias por 4,5 millones de pesos.
Los tres empresarios llegaron acusados de obtener en forma fraudulenta beneficios fiscales por más de 90 hechos que involucraban a casi 20 millones de pesos durante la segunda mitad de la década del ’90, aunque después de la primera audiencia los jueces redujeron la imputación a tres hechos por 4,5 millones de pesos. Ellos consideraron que hubo deficiencias en la elevación a juicio y dispusieron reenviar los hechos excluidos nuevamente a la etapa de instrucción.
La maniobra de estos empresarios, integrantes del directorio de la firma VAG S.A., consistía de inversiones en distintas empresas radicadas en zonas promovidas, las cuales fueron consideradas simuladas tanto por la Fiscalía como por el Tribunal, al menos en cuanto a los tiempos y montos en los que se efectuaron.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra; mientras que actuaron por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, Julio Darmandrail, fiscal subrogante, y Carlos Martínez, fiscal ad hoc, con colaboración del coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.
Victorio Gualtieri recibió una pena de dos años de prisión, mientras que su hermano Saverio y su entonces socio Hugo Barreña, fueron condenados a un año y seis meses de prisión. Además, los tres empresarios recibieron diez años de inhabilitación para obtener beneficios fiscales.
En esta causa, iniciada por una denuncia de AFIP en 1999, quedó corroborado por pericias contables que a cada inversión realizada por la firma VAG S.A. en las empresas promovidas Valle Oeste, Manantial Oeste y Agronuez -y en virtud de las cuales obtuvo diferimientos impositivos, en 1996, 1997 y 1998-, le correspondía un préstamo mediante el cual reingresaban los fondos supuestamente invertidos a las cuentas bancarias de la empresa inversionista.
Las tres operaciones que fueron juzgadas involucran el diferimiento de 800 mil pesos del impuesto a las ganancias por una falsa inversión en 1996 de VAG S.A. a la empresa Valle Oeste S.A. por poco más de 1 millón de pesos; el diferimiento de 346.138,16 pesos en concepto del IVA por una alegada inversión en 1997 a la empresa Manantiales del Oeste S.A. por alrededor de 460 mil pesos; y el diferimiento de 3.410.950,55 pesos de IVA en el marco de una ficticia inversión de poco más de 4,5 millones de pesos en la empresa Agronuez S.A. en 1998.
En la sentencia leída ayer se sostiene que los tres empresarios, como miembros del directorio de VAG S.A., «adoptaron las decisiones necesarias para la realización de los hechos enrostrados, particularmente en cuanto el directorio por unanimidad decidió invertir en las empresas promovidas, y a través de su mandatario la suscripción de los contratos de mutuo que permitieron el retorno de dichos capitales». De hecho, sólo eran cuatro los integrantes del directorio. El cuarto era otro hermano Gualtieri, Salvador, quien falleció y por lo tanto se declaró extinguida la acción penal a su respecto por muerte.
Para el Tribunal existió «un claro fin defraudatorio, expresado en las inveracidades vertidas en las solicitudes F-518, acerca del carácter de las inversiones; y asimismo la desviación del fin promocional al cual estaban orientados los fondos supuestamente invertidos». Y no puede pasarse por alto que los empresarios, como accionistas de la empresa, eran beneficiarios de estas maniobras.
En los ’90 el Estado nacional tenía establecido el llamado «sistema de promoción industrial» a través del cual una persona física o jurídica podía diferir el pago de impuestos como incentivo a inversiones que efectuara sobre una empresa previamente constituida como beneficiaria de un régimen de promoción.
El objetivo era estimular el desarrollo agropecuario en Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan. Estos diferimientos impositivos consistían en que al momento del vencimiento de la obligación, se postergaba el pago del impuesto, a cambio de efectuar inversiones en empresas promocionadas.