La nueva “Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo” que impulsa el oficialismo le otorga al gobierno nacional la potestad de establecer niveles de ganancia, precios máximos a los productos y disponer la continuidad de la producción de un determinado bien, sea rentable o no para el productor y/o empresa. “Están eliminando la libertad de producción”, sentenció el senador nacional Juan Carlos Marino.
“De aprobarse esta nueva ley, el Gobierno va a tener la potestad de intervenir en la producción de cualquier bien o servicio, no sólo estableciendo precios máximos sino también definiendo márgenes de utilidad u obligando a continuar la producción, comercialización o distribución de cualquier producto. Básicamente, intervenir en las decisiones de un productor o empresario sin importar lo que este opine”, explicó Marino.
“La sanción de esta nueva ley de abastecimiento significa la eliminación de la libertad de producción. A partir de ahora un productor que decida esperar la oportunidad ideal para vender trigo está atentando contra la patria y por lo tanto el Gobierno puede obligarlo a producir y vender aún cuando éste no lo desee”, explicó el pampeano.
El senador argumentó, además, que la política de establecimiento de precios máximos como medida para frenar la inflación demostró ser ineficiente y es una necedad querer ampliar su alcance.
“La carne y el trigo son dos claros ejemplos de la ineficacia de la aplicación de los precios máximos. En 2005, el Gobierno aplicó esta política con el argumento de cuidar la mesa de los argentinos. En lugar de incentivar la producción y buscar el descenso de los precios con una mayor oferta, decidió atacar el eslabón más débil de la cadena que es el productor. El resultado todos lo sabemos: el productor dejó de obtener rentabilidad y pasó a producir soja, se cerraron frigoríficos, se perdieron empleos pero al consumidor los precios no le bajaron”.
Por otra parte, Marino consideró que esta ley le confiere al Gobierno un poder excesivo que será utilizado en perjuicio de los productores y empresarios nacionales: “Hoy mismo estamos teniendo una demostración de los excesos en los que puede incurrir el Gobierno cuando se le otorgan potestades como esta. La modificación realizada recientemente por la AFIP a la resolución 2750/2010 establece que, a partir del 1 de septiembre de este año, los productores están obligados a informar la ubicación georeferenciada de los granos y la adquisición de silobolsas. Si lo vemos en el contexto de lo que estamos discutiendo, es evidente que el Poder Ejecutivo está pensando concretamente en la expropiación de existencia de granos”, aseguró.
“Es increíble que el Gobierno siga apostando a tomar este tipo de medidas que sólo perjudican la producción y la industria nacional y, peor aún, que lo haga asegurando que es en defensa de los consumidores cuando son sólo medidas que buscan tapar los altos niveles inflacionarios que existen pero que ellos se niegan a aceptar y a atacar seriamente”.