La familia Viale, representada por el abogado santarroseño Omar Gebruers, iniciará juicio en el fuero civil al estado provincial y a funcionarios judiciales y policiales por daños y perjuicios que sufrió en la investigación que se llevó a cabo. Gebruers dijo que “están casi seguros que Janssen tenía alguna protección policial”, aunque aclaró que sobre eso no entablarán demanda judicial alguna.
Omar Gebruers
“Estamos casi seguros que Janssen tenía alguna protección, alguna relación con algunos personaje policial retirado y también en actividad, y tenía actividades en común con algún personaje policial y sería es el motivo por el cual la casa de Janssen era un lugar donde no había que investigar”, afirmó el abogado.
Y argumentó que “si a un vecino de la ciudad, sin que sea abogado policía fiscal o investigador le dicen que la última vez que vieron a la niña a 150 metros en línea recta de la casa, y en esos 150 metros hay 8 casas, lo primero que se ocurriría es entrar en cada una de esas casas a ver si en esos lugares estaba Sofía”.
Además, indicó que lo más grave es que “durante el período en que estaban buscando a Sofía, se hizo un juicio abreviado a Janssen en el cual le bajaron la calificación de abuso sexual agravado, a abuso sexual simple, lo que significó una pena de cumplimiento condicional y por eso estaba libre. Los responsables son un fiscal, un juez y un defensor”, afirmó, aunque explicó que aún no conoce cuáles fueron esos funcionarios actuantes.
Respecto a la causa que iniciará la familia en el fuero civil, explicó que se presentará en Santa Rosa ya que el estado provincial es el demandado y que tiene plazo hasta fin de mes, ya que el 30 de agosto se cumplen los dos años de la aparición del cuerpo de Sofía.
Explicó que la demanda judicial se entablará “por el tratamiento inadecuado e infundado por parte de distintos representantes del poder Judicial y del poder Ejecutivo contra el círculo familiar de Sofía y por otro lado por las gravísimos omisiones en que incurrió la investigación en momentos anteriores al hecho y posteriores a la desaparición de Sofía”.
En principio van a demandar al gobierno de la provincia “por ser sus funcionarios quienes hicieron las manifestaciones y cometieron los errores u omisiones”. Y después accionarán contra “al menos a tres personas concretas para demandarlas en forma individual. No están definidas totalmente pero el que aparece ya es el ex fiscal general Salinas”.
Afirmó que el monto que se reclama es formal y no es lo más importante. “Quien determina el monto a pagar es el juez, y para la familia Viale lo más importante es que los responsables de semejante barbaridad y ataque contra el círculo familiar de la víctima”.
Una de las argumentaciones que utilizará es que “hubo un error grosísimo cuando la investigación se dirige pura ya exclusivamente al círculo familiar de Sofía y no se manejaron otra hipótesis. No vamos a aceptar nunca que se la única hipótesis”.
Además, se hará hincapié en que “a la abuela de Sofía se le imputaba, mientras personal policial ejercía golpizas contra ella, que había entregado a su nieta a una red de trata de la que era miembro. Este tipo de afirmaciones no pueden ser gratuitas para un funcionario judicial o del poder Ejecutivo”.
Recordó que tanto la abuela materna como su pareja, “estuvieron demorados varios días en varias oportunidades y se permitió que el auto de la abuela de Sofía permaneciera durante noches enteras frente a la Comisaría Cuarta, a dos cuadras de la casa de Jansen, que podría haber puesto cualquier evidencia allí”.
Y hasta cuestionó que “se reflotó una causa que estaba para ser archivada, contra Marcelo Viale, por su supuesto abuso, que finalmente terminó sobreseído. Esto es gravísimo y por lo tanto hauy que entablar las demandas que correspondan”.