La oficina central que marcará la política de mediación funciona desde hace diez días en calle 20 casi esq. 23, bajo la titularidad de la Dra. Lidia Pechín. Allí, trabaja también la Oficina de Medicación de General Pico bajo responsabilidad de la Dra. María del Carmen García Fava. Un sistema judicial que apuesta al acuerdo y a que todos resulten conformes.
María del Carmen García Fava, Lidia Pechín y el personal de la oficina
Desde el lunes 23 de julio la oficina de Mediación que funcionaba desde hace dos años y medio en algún espacio que quedaba libre del palacio de Tribunales, se mudó al edificio propio de calle 20 casi esq. 23.
“Nuestra tarea es realizar todas las acciones para que la ley 2699, que establece la mediación judicial obligatoria para los litigios civiles, pueda empezar a funcionar”, explicó la titular del Centro de Mediación.
A partir del 1 de noviembre tendría que estar en funciones el sistema de mediación prejudicial obligatoria. “Es decir todas las causas que establece la ley tiene sí o sí que pasar primero por una mediación. Si no quieren acordar en ese ámbito, siguen el proceso de litigio”, indicó Pechín, que desde hace dos años y medio trabaja junto a García Fava en este sistema, que en el fuero penal está funcionando con un proyecto piloto, aún sin ley.
“La función de la mediación es conducir una conversación donde las partes con sus letrados puedan intentar llegar a algún acuerdo. –explicó la letrada- Si dos personas que tiene un conflicto, vienen a mediación y se ponen de acuerdo, ese acuerdo tiene valor de sentencia. Si la gente se habitúa a utilizar esta herramienta, a futuro va a haber una descompresión en los juzgados civiles. Es un cambio de cultura en las partes, pero va a ser muy positivo”.
Solo se homologarán por el Juez de Menores y el Asesor de Menores los acuerdos logrados en aquellas causas donde estén involucrados los derechos de los niños.
Para quienes no cuenten con recursos económicos para pagar a un abogado, “está previsto el beneficio de mediar sin gastos y eso se solicita en la Oficina de Mediación. Eso implica un acceso a la Justicia gratuito, pero si se logra un acuerdo y en él hay un tema económico, de ese dinero que la persona recibe, va a tener que devolver al Fondo de Financiamiento que crea la ley el gasto que el estado adelantó para que pueda acceder al servicio”, explicó Pechín.
La experiencia acumulada por las dos profesionales ha sido exitosa, aproximadamente en el 70 % de las causas se llega a un acuerdo. Esto significa que las dos partes en conflicto ganan, o al menos salen conformes; en contraposición con el sistema judicial tradicional donde si una parte gana, es porque la otra pierde. Un cambio cultural que llega también al ámbito de la Justicia.