Los diputados del FrePam Martín Berongharay (UCR) y Luis Solanas (Socialismo) recorrieron el hospital Padre Buodo de General Acha, nosocomio de cabecera del 49 % de la superficie pampeana, y observaron que no cuenta ni con anestesista, ni ginecólogo ni pediatra. Además, tiene sin funcionar los servicios de Terapia y Hemodiálisis.
Diputados Berongharay ySolanas junto a trabajadores de la salud
Ante ello, solicitaron mediante proyecto de ley, que el “Poder Ejecutivo Provincial disponga lo conducente para designar un Médico Pediatra y un Médico Anestesista para el Hospital Padre Ángel Buodo de la localidad de General Acha”. Además, requirieron “se restablezca el servicio de Terapia y Hemodiálisis ambos inaugurados y sin funcionamiento desde hace años, además de proceder a poner en condiciones o sustituir el tomógrafo deteriorado”.
En los fundamentos del proyecto de ley se explicó que el relevamiento realizado en ese hospital “arroja un panorama que no escapa al diagnóstico común advertido en la mayoría de los centros asistenciales de nuestra provincia. Con el agravante de la amplia zona de influencia del referido nosocomio de cabecera que se extiende al 49 % de la superficie pampeana, constituyéndose en referencia obligatoria de 19 localidade”.
Denunciaron “la falta de recurso humano, debido a la ausencia de estímulos salariales y a las crecientes asimetrías con el sistema privado, resulta el dato más preocupante” y acusaron de la situación a “la falta de gestión y una gran deficiencia en la prestación de los servicios”.
Afirmaron que “el deterioro del sistema pampeano resulta inocultable, tanto como el corrimiento del Estado como garante de derechos, decantando en un escenario que afecta principalmente a los sectores más humildes. Algunos trabajadores expusieron el retroceso experimentado por el hospital Padre A. Buodo producto de la diáspora de profesionales acontecida en los últimos años”.
Ilustraron sus denuncias diciendo que “como sucede en la inmensa mayoría de centros asistenciales de la provincia, para los partos –salvo situaciones de extrema urgencia- las pacientes resultan derivadas al hospital Lucio Molas. Ello importa exponerlas al riesgo adicional que supone el traslado en ambulancia, máxime cuando durante el viaje no cuentan con la compañía y asistencia de un ginecólogo o un pediatra”.
Y observaron que “no menos alarmante resulta la falta de un médico anestesista en un hospital cabecera de zona, que impide atender determinadas situaciones de urgencias”.
Respecto a un accidente que terminó siendo fatal, ocurrido hace dos días en la zona cercana a General San Martín, opinaron que “el periplo que debió atravesar la mujer accidentada hasta arribar al hospital Lucio Molas, previo paso por el hospital Padre A. Buodo desde donde resultó derivada, insumió más de 3 horas. Tratándose de una paciente que padecía un trauma abdominal con indicación de cirugía de urgencia, cabe preguntarse si podría haberse evitado el desenlace fatal dispensando oportuno tratamiento médico-quirúrgico”.
Por otra parte, denunciaron que “el servicio de terapia, inaugurado promediando la década pasada, fue interrumpido en 2010 coincidiendo con el alejamiento del Dr. Ortiz. La mayoría del instrumental se encuentra almacenado en cajas, sin tener mayor uso. Según los trabajadores, deviene conveniente la compra de un nuevo tomógrafo toda vez que el actual funciona de modo deficiente. La sala de hemodiálisis nunca fue puesta en funcionamiento, a pesar de contarse con el debido equipamiento”.
Y acusaron al gobernador con su proyecto del nuevo hospital diciendo que “pareciera desmedido y desacertado apostar exclusivamente a resolver las innumerables deficiencias que presenta el hospital Lucio Molas disponiendo la construcción de una nueva y monumental estructura, cuando no se cuenta con prestaciones básicas en hospitales cabecera de zona como es el caso del de General Acha”.
Sostuvieron la necesidad de “trabajar por un Sistema de Salud Integrado, lo cual importa diseñar y aplicar políticas coordinadas, organizar estrategias en todos los sectores (públicos, privados y obras sociales) para alcanzar un modelo menos fragmentado y más equitativo.
Los esfuerzos deben conducir a reformular el trabajo en el sector, promoviendo una carrera sanitaria que garantice que los mejores recursos permanezcan en el Estado. Para ello debe trabajarse en el establecimiento de mejoras salariales, combatir la precarización laboral del sector, y ajustar parámetros laborales de modo terminar con irracionales jornadas de 24 o 36 horas seguidas, que inevitablemente colocan en riesgo la salud de los pacientes, pero también de los trabajadores”.