A través de un duro comunicado de prensa, la agrupación Carlos Fuentealba, opositora a la actual conducción del gremio docente UTELPA, cuestiona a la dirigencia y afirma que el gobierno provincial desconoce cuestiones legales fundamentales.
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El comunicado dice textualmente: “Porque ya hay demasiadas mentiras…la verdad no sorprende demasiado, ya que militamos diariamente, que la secretaria general de UTELPa trabaje en función de la confusión y los intereses del gobierno, quizás devolviendo algún favor y solo teniendo credibilidad en su séquito. Sí, llama la atención que la Ministra de Educación no conozca algunas particularidades legales, hasta de sentido común, que hacen a los derechos de los trabajadores.
Por ello, desde la Agrupación Docente Carlos Fuentealba respondemos, en esta suerte de clase pública, a las declaraciones de la Ministra de Educación, señora Evangelista, con respecto a la legalidad de las distintas medidas de fuerza que los docentes en particular, y los trabajadores en general, están llevando adelante en la provincia de La Pampa.
En primer lugar remarcamos que el decreto 743/87 “Deducción de salario por no cumplimiento de horario y/o tareas laborales”, en el cual el gobierno provincial se escuda para descontar los días de paro, es anticonstitucional ya que con el mismo se cercena el derecho a huelga reconocido en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, y ninguna normativa o decreto puede contradecir a ley máxima. Por lo tanto, lo que resulta ilegal es descontar el salario a los trabajadores por ejercer sus derechos.
Ninguno de los paros que se realizaron hasta el momento fueron declarados ilegales por la autoridad competente, el Ministerio de Trabajo, ya que fueron comunicados en tiempo y forma a dicho organismo por los gremios de base, como lo establece la ley 23551 de Asociaciones Sindicales. De esta manera, si ATE o UTELPa convocan a un paro, los docentes podemos ejercer nuestro derecho, estemos o no afiliados a los gremios. Además, ningún gremio puede atribuirse la representación del conjunto de los trabajadores.
De la misma manera, la ley 23551, prohíbe toda conducta antisindical, y la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T. – Comité de Legislación Sindical, 2006:116) establece que nadie debería sufrir perjuicio en su empleo a causa de su afiliación sindical, incluso si el sindicato del que se trata no está reconocido por el empleador como representando la mayoría de los trabajadores interesados, ya que se ha asegurado desde el gobierno erróneamente que la UTELPa es el gremio docente reconocido.
No se llega a una medida de fuerza sin existir motivos, es el resultado de una causa. La ausencia de equidad, el deterioro salarial y la flexibilización laboral, le plantean a los y las trabajadores/as tres salidas: el diálogo político, la participación en la toma de decisiones y la confrontación. Si las dos primeras fracasan, la tercera es la única posible para establecer la equidad y la justicia social. Es indudable que el conflicto es útil para el funcionamiento de las relaciones laborales. La huelga, en particular, cumple una función equilibrada, indispensable para dichas relaciones, y en especial para que la negociación colectiva se lleve a cabo en un razonable equilibrio de fuerza. Cuando el empleador es el propio Estado, la coerción que intenta desmovilizar y desalentar las causas obreras, se traduce en abuso de poder.
Ilegal e ilegítima es la situación de gran número de docentes que aún, iniciando el mes de junio, no cobran la totalidad de sus haberes. Le recordamos la importante función que cumple la retribución salarial, considerada vital, y su limitación agravia la dignidad de los y las trabajadoras/es, al impedirle el goce pleno de los derechos que le aseguren un nivel de vida adecuado para su subsistencia y la de su grupo familiar. (art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y arts. 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Para finalizar, exigimos se devuelvan los descuentos ilegales por los días de paro a todos los y las trabajadores/as de La Pampa. Creemos que la creación de una comisión para evaluar los descuentos por los días de paro en la última paritaria entre el gobierno provincial y la UTELPa, es un avasallamiento a los derechos de todos los trabajadores, permitiendo los miembros paritarios del gremio semejante atrocidad. Nunca podría discriminarse, por toda la normativa citada, la devolución de los días de paro sólo para algunos trabajadores sin cercenar otras leyes, como por ejemplo la ley 23592 sobre la Penalización de actos discriminatorios. El gobierno provincial retrocedería antes de la Revolución Francesa de 1789 si realiza semejante acción, violando el principio de la igualdad de los individuos ante la ley.
Nuestro camino es el debate y la organización de los y las trabajadores/as de la educación independientes, los dirigentes de las valientes seccionales de Acha y 25 de mayo, las agrupaciones y los sindicatos que integran la Mesa Intersindical, que genuinamente representan la defensa del salario en los últimos años, entre otros tantos puntos. Que no queden dudas, somos empleados del Estado, vamos por la unidad como método para conseguir los reclamos, y no somos títeres de ningún sindicato que realiza los arreglos a espaldas de sus afiliados.”