El diputado nacional Daniel Kroneberger -(UCR-La Pampa)- firmante del proyecto de ley destinado a caracterizar “como servicio público a la telefonía móvil en todas sus modalidades, explicó que “es un gran avance en materia legislativa que el Senado nacional comience a estudiar los diferentes proyectos de ley y avanzar definitivamente en una mayor regulación” esa tecnología de las comunicaciones.
“El proyecto del bloque radical tiene la finalidad de garantizar el acceso regular y continuo a dichos servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas, control de calidad y eficiencia, tarifas razonables y adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores”, explicó Daniel Kroneberger. “Quedan contemplados la transferencia de datos en todas sus formas, ya sean comunicaciones de voz, mensajes de voz y de texto, imágenes, utilización de redes sociales, uso de Internet y toda otra alternativa que signifique la emisión y recepción de datos a través del servicio de telefonía móvil”
“Resulta imprescindible que el Congreso de la Nación adopte una legislación de fondo acorde con la expansión actual del servicio, que ha dejado de ser, desde el punto de vista económico y social, un bien de lujo y ha pasado a ser utilizado en forma genérica por la mayoría de la población, independientemente del nivel de ingreso de los usuarios”
“No obstante el desarrollo alcanzado por la telefonía móvil, se comprueba a diario que la falta de una regulación eficaz por parte del Estado y la ausencia de inversiones y de obras de infraestructura necesarias, han determinado un grave deterioro de la calidad del servicio, que causa cada vez mayores dificultades y privaciones a los usuarios de todo el país”, enumeró Daniel Kroneberger.
“Las deficiencias que se observan en la actualidad en todas las políticas de protección a los consumidores y usuarios de servicios públicos esenciales, se agravan en el caso de la telefonía móvil, con una incidencia cada vez más alta. Entre un treinta (30 %) y un cincuenta (50 %) por ciento de las denuncias recibidas en todo el país, se dirigen contra las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, según ha reconocido la propia Secretaría de Comunicaciones de la Nación”.