Por Daniel Forneron. Los hechos de linchamientos ocurridos en numerosos lugares de nuestro país, marcan el final de un modelo de sociedad que ha sabido transgredir todas las normas de convivencia, hasta el punto de romper aquel “contrato social” por el cual los individuos delegan en el estado el monopolio de la violencia, como único tutor de sus derechos y garantías, transformándose desde aquel momento en ciudadanos.
Ninguna situación justifica tomar la justicia por manos propias, pero debemos recordar que ningún hecho social sucede por generación espontanea, ni reconoce una sola causal. En lo sucesos de los últimos días pudo observarse un hastió por parte de los involucrados que reconoce profundas raíces en nuestra sociedad.
Recordemos que el estado se apoya en dos variables para sostener el monopolio de la ley: las fuerzas armadas –incluida la policía- y el poder judicial. Si analizamos la primera de ellas veremos que la política de “verdad y justicia” desarrollada durante una década por este gobierno, ha desencadenado un debilitamiento tal de las fuerzas armadas, que ha transformado a nuestra frontera en un espacio permeable al ingreso del narcotráfico, con su innegable efecto nefasto sobre el aumento en las tasas de criminalidad.
Por otro lado los escasos sueldos y las faltas de control sobre la fuerza policial, ha provocado una suerte de simbiosis entre grupos delictivos y un sector de dicha fuerza, donde los casos de provincias como Bs As, Córdoba y Santa Fé son realmente escalofriantes.
En lo que respecta al sistema judicial, el paradigma garantista reinante en las altas cúpulas, ha determinado un modelo de sociedad de ciudadanos encerrados bajo rejas en su domicilio y delincuentes que disfrutan del espacio público; pero con el agravante de la sensación imperante de connivencia de dicho poder con el poder de turno, tal como lo demuestran las innumerables denuncias de corrupción donde descollan grandes figuras del ambiente político y se manejan siderales sumas de dinero público, mientras que el ciudadano honesto ve esfumarse su sueldo en el supermercado, o simplemente lo ve reducir por el impuesto a las ganancias, que si bien es loable en su esencia, es detestable en su aplicación contra la clase media trabajadora.
Se hace imperioso recobrar el valor de la autoridad –que no es sinónimo de autoritarismo- pero esto solo es posible en la medida que nuestros gobernantes entiendan que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, que no es igual que dar a todos lo mismo, sino que implica reconocer necesidades, prioridades y fundamentalmente mérito; tratando de evitar un populismo demagógico que ha llevado a una parte de la ciudadanía hasta el hastió.
Daniel Forneron
Profesor de Geografía
DNI 16958597