Así lo indicó el Juez de Ejecución Penal Mauricio Pascual. El 85 % son hombres y el 15 % restante, mujeres. La mayor parte de los condenados tienen entre 27 y 34 años aunque hay una tendencia a la baja de edad. Solo uno tiene nivel educativo universitario. La mayoría de los 800 condenados está en libertad, con algún tipo de beneficios.
Mauricio Pascual
Las estadísticas se realizaron a partir del trabajo de dos años y tres meses que el juez Pascual lleva en el cargo. El magistrado afirmó que “lamentablemente es frecuente la relación entre adicciones y delitos. Existen informes de la ONU y también a nivel nacional que indican que la gran mayoría de los condenados son adictos, no solo a la cocaína o marihuana, sino también al alcohol o han tenido algún contacto. A nivel sudamericano, la última estadística que leí hablaba de un 85 % de condenados con problemas de adicción. Y en Pico también se puede hacer esa proyección”.
Es común observar en las sentencias judiciales la obligación de realizar un tratamiento sobre adicciones, que se hacen en los dos centros que la ciudad tiene de rehabilitación, Rumen o Naim. Pero, a criterio del magistrado, el problema se da en el Servicio Penitenciario Nacional ya que no cuenta con programas de rehabilitación o gabinete específico de tratamiento de drogas.
Sobre la relación laboral que tenían los condenados al momento de cometer el ilícito, Pascual afirmó que “la gran mayoría realizaban trabajos temporarios”. Además, solo uno tenía nivel educativo universitario, el mayor porcentaje tenía la educación primaria completa y la secundaria incompleta. “Pero en la U-4 hay sistemas educativos para que terminen la escuela y en general lo hacen. Uno trata de incentivarlos para que estudien para que el día que vuelvan a la sociedad tengan más herramientas para defenderse y el impacto no sea tan brusco”, relató el juez.
Respecto a los vínculos familiares, dijo que “son pocas las excepciones de condenados que no tienen familias, casi todos han formado un grupo familiar”. Otro dato interesante es que el 85 % de los condenados son hombres y solo el 15 % restante, mujeres. El grupo etáreo que puebla mayormente las alcaidías y cárceles pampeanas va de los 27 a los 34 años, “aunque hay una tendencia a la baja de edad”.
El 75 % de los condenados está alojado en cárceles federales y el 25 % en alcaidías de las diferentes comisarías, algo prohibido en la Ley de Ejecución Penal. Cuando Pascual asumió como Juez de Ejecución Penal había 65 condenados en comisarías y hoy no llegan a 20. Es que las condiciones no son iguales y recarga sobre el sistema policial funciones para los que los policías no fueron formados.
De los alojados en el Servicio Penitenciario Federal, el 65 % está en cárceles de La Pampa y el resto en otras provincias como Neuquén, Rawson y Viedma. El Tribunal de Impugnación Penal determinó el año pasado que deben repatriarse los que están fuera de la provincia para garantizar sus derechos, por ejemplo, a las visitas familiares. El tema está aún en stand by ya que la Fiscalía de Estado y el Servicio Penitenciario interpusieron un recurso de casación y no fue resuelto todavía.
Consultado Pascual sobre si las cárceles pampeanas están en condiciones de absorber a los presos que están afuera, dijo que “sí, y si así no fuera tendría que adecuarse los espacios porque existe un convenio con la provincia de La Pampa para que esos condenados estén en nuestro territorio”. Mientras se espera la resolución sobre el tema, los dos jueces de Ejecución Penal de La Pampa están analizando caso por caso.
Por último, bajo el control del Juzgado de Ejecución Penal con asiento en General Pico hay unos 800 condenados, algunos encerrados, otros en libertad condicional, asistida, semi detención o salidas transitorias. La mayor parte están en libertad y son controlados a través del Patronato de Liberados, que no tiene sede en General Pico. “Como no hay acá, toma intervención el de Santa Rosa y remite al Juez de Paz el control”, indicó Pascual.