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Passo de García podría zafar de la cárcel pero no ocupará más cargos públicos



La ex intendenta de Bernardo Larroudé Cristina Passo de García, acusada de peculado, fraude en perjuicio de  la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, llegó a un acuerdo con el fiscal Carlos Amado a través del cual reconoce la autoría del delito a cambio de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y reparación económica. Intenta evitar ir a la cárcel. La Cámara del Crimen deberá aceptar o rechazar el acuerdo.

Cristina Paso de García y Graciela Zapata
Cristina Paso de García y Graciela Zapata

El acuerdo se realizó el lunes pasado en el marco de un juicio abreviado, y evitó así que comenzara el debate oral y público en la Cámara del Crimen con asiento en Santa Rosa. No solo abarcó a Cristina Paso de García sino también a la ex secretaria y tesorera de la municipalidad de Bernardo Larroudé, Graciela Zapata.

Ambas reconocieron haber cometido los delitos que se les imputan y a cambio, el fiscal solicitó tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y una reparación económica al municipio para Passo de García.

Respecto a la ex secretaria, Amado solicitó dos años y seis mese de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos jerárquicos en la administración pública y/o cargos que impliquen manejo de dinero, lo que no interferirá en su actual desempeño como empleada municipal.

Si la Cámara del Crimen acepta el acuerdo, deberá fijar además el monto que tanto Paso de García como Zapata deberán entregar al municipio en concepto de reparación económica. Otra opción es que los camaristas rechazaran el acuerdo de partes, por lo que se fijaría fecha para el juicio oral y público por delitos que contemplan hasta diez años de prisión efectiva.

Cuando la Cámara del Crimen resuelva deberá comunicar al querellante, el actual intendente de Bernardo Larroudé, Néstor Tribolo. Si se opusiera, su decisión no sería vinculante. Fue el actual jefe comunal quien denunció a las dos ex funcionarias hace ya seis años.