El presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, presentó ayer ante el Ministerio Público Penal la denuncia penal contra 56 funcionarios y ex funcionarios públicos que no presentaron sus declaraciones juradas en tiempo y forma. Entre ellos está el subsecretario de Salud, Carlos Delgado.
“En la gestión actual es la primera vez que se hace una denuncia masiva. –explicó el presidente del Tribunal de Cuentas- Hasta el año 2012 las declaraciones de los funcionarios públicos se presentaban en el Tribunal de Cuentas y a partir de allí, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.
Todos los funcionarios públicos que tienen responsabilidad sobre el manejo de dinero y el patrimonio del estado deben presentar las declaraciones juradas. Sobre aquellos que no lo habían hecho hasta el 2011, el TdC “empezó una investigación, se trató de ubicarlos, se notificó en sus domicilios o sus lugares de trabajo. Hay algunos a los que les hemos mandado una carta documento. Fueron dos años de intimación”, según explicó Sappa.
Después de un plazo prudente, desde el TdC se notificó “a cada uno de los jefes o titulares de jurisdicción de estas personas. A raíz de eso, hubo 46 personas que presentaron las declaraciones juradas y otras 56 que no lo hicieron. La ley nos dice que lo que tenemos que hacer es una denuncia ante la Justicia Penal”, indicó.
Además, hay 30 funcionarios que todavía están en plazo para presentar las declaraciones juradas adeudadas. “De algunos no conocíamos el domicilio por lo que publicamos edictos para que se enteren que tienen que presentarlas. En el caso que no lo presenten, habrán nuevas denuncias penales”, afirmó el presidente del organismo de contralor.
Consultado sobre la calificación penal que les podría caber, sostuvo que “en principio, sería la de incumplimiento de funcionarios públicos, aunque eso dependerá del fiscal. Una de las variantes en cuanto a la pena es el de inhabilitación para ocupar cargos públicos”. Aunque aclaró que ese tipo de sanción también puede provenir de la sumarios administrativos.
También explicó que una vez entregada la declaraciones juradas, es potestad del fiscal investigarlas para comprobar que no hay enriquecimiento ilícito o dar por cerrada la causa sin analizarlas por considerar que solo se trató de un olvido.
Entre los demandados penalmente hay varios piquenses que cumplieron funciones en Salud Pública, el ministerio de Salud, la Cámara de Diputados durante los años 2009, 2010 y 2011.