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Ortíz refutó declaraciones del presidente del TdeC



El ministro de Bienestar Social Raúl Ortiz, consideró que se pagan a operadores que trabajan en su cartera a través de subsidios que reciben fundaciones, porque la ley de Niñez y Adolescencia, exige que se trabaje en conjunto con las ONG. Cuestionó los dichos de José Sappa, quien había indicado que eran situaciones laborales precarias.

“Sinceramente me sorprendieron las declaraciones del presidente a cargo del Tribunal de Cuenta. Fueron un poco confusas, porque primero dijo una cosa y después otra”, respondió.

Y agregó que cuando asumió en la cartera de Bienestar Social se reunieron “con la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde planteamos como íbamos a trabajar a futuro en conjunto en ningún momento nos hizo un planteo como el que hizo en Infopico”.

Y justificó el pago a trabajadores a través de los subsidios que se reciben a través de fundaciones. “Lo que tenemos en claro es que tenemos un trabajo con fundaciones porque la ley nos obliga a trabajar con ONG, la ley de niñez y adolescencia dice que debemos potenciar el vínculo con las ONG y éstas le rinden cuentas precisamente el Tribunal de Cuentas y es precisamente ese organismo el que las controla y todas las fundaciones, excepto una de santa rosa, están sin objeciones desde el Tribunal de Cuentas”.

Indicó que están dentro del marco de la legalidad y van a continuar haciendo contratos como lo vienen realizando. “En ningún momento se puede hablar de trabajo en negro, es como si uno llamara a un pintor un día para pintar una pieza, y otro para pintar otra cosa, ¿y le tiene que pagar como empleado fijo?”, argumentó. Se le indicó que la relación laboral es de años y no esporádica y volvió a indicar que se está dentro de la legalidad y mientras no haya una disposición contraria, es “un tema intrascendente que no se va a tener en cuenta”.

Cabe aclarar que parte de los trabajadores del ministerio de Bienestar Social cobran en General Pico a través de subsidios que llegan a Rumen, una institución privada destinada a la atención de las adicciones, y de la Cooperadora Domingo Savio, dependiente del CERET.