La fiscala Ivana Hernández terminó el escrito de acusación para 5 ó 6 imputados y de absolución para el resto de los imputados del robo de las cajas fuertes de Corpico, ocurrido hace casi dos años. Por falta de tiempo no lo presentó hoy, pero lo hará el primer día después de la feria judicial.
Foto de archivo de la formalización de la investigación contra los 9 imputados
El hecho ocurrió hace casi dos años, pero como no tiene detenidos la fiscalía priorizó en su labor otras causas con acusados presos y recién ahora terminó de resolver la investigación del robo a Corpico.
Si bien no quiso dar demasiados detalles, la fiscala Ivana Hernández adelantó que cinco o seis de los nueve imputados serán acusados del robo, mientras sobre el resto se pedirá la absolución.
El más comprometido en la causa es Samuel Orellano, un hombre que ya contaba con antecedentes judiciales y que hace unos días fue condenado a cinco años de prisión efectiva por robo en la localidad bonaerense de América.
El resto no cuenta con antecedentes por lo que aquellos que finalmente serán acusados podrán pedir la probation o suspensión de juicio a prueba.
Cabe recordar que el lunes 9 de enero de 2011 delincuentes se llevaron dos de las tres cajas fuertes que tiene Corpico en su sede de calle 11 entre 8 y 10, atando al sereno, Horacio Daniel Pacheco.
A los días se hallaron las cajas tiradas en un campo. Tras tareas de levantamiento de rastros, donde se encontraron huellas de calzado, rastros dactilares y material pasible de ser analizado con las pruebas de ADN, entrecruzamiento de llamados telefónicos y otras medidas de investigación, se demoró a 9 hombre..
El mismo Pacheco quedó involucrado y el 9 de febrero de 2011 se realizó la audiencia de formalización de la investigación fiscal preliminar contra nueve hombres que habían mantenido llamadas telefónicas entre sí entre las 0 hora y las 3,15 horas en que se llamó a la guardia, ubicada en la parte posterior del edificio, dando cuenta de lo sucedido.
A todos se les imputó el delito de robo agravado por ser cometido en banda y en poblado. El proceso judicial es controlado por el juez sustituto Diego Ambrogetti, mientras la acusación fiscal está a cargo de los fiscales Ivana Hernández y Alberto Blanco, y la querella es representada por la abogada de Corpico, Alina Acébal.
Por su parte, los imputados Roberto Carlos Sosa y Ricardo Lamas son defendidos por el abogado Armando Agüero, Carlos Osvaldo Fernández y Gastón Fernández (h) por el defensor oficial Walter Vaccaro. Marcelo Cores y Samuel Orellano por el abogado particular Oscar Ortiz Zamora, Emanuel Ferreyra Díaz por el letrado Pedro Febre, Emanuel Iván Perlo por el abogado Guillermo Allasia y Santiago Romano era defendido por el abogado Sergio Fresco, aunque en este caso, el letrado renunció a la defensa.
En su acusación, la fiscala había indicado que “aemás de Pacheco, la noche del robo estaba el personal de guardia de Corpico, en la parte de atrás, quienes dieronn cuenta de que reciben una llamada esa noche y deben salir alrededor de las 03,15 de la mañana a realizar una verificación. En esa oportunidad la persona que llamó no se dio a conocer. A partir del listado de llamadas aportado por Corpico, ingresadas al teléfono de guardia se determinó que esa llamada había sido efectuada desde un teléfono celular cuyo chip es prepago y no tienen titularidad”.
Apartir del análisis de este número de teléfono es que se vincula a Pacheco con el hecho porque tiene llamadas inmediatamente previa al robo y en forma inmediatamente posterior. Y de los informes de este chip empiezan a surgir la vinculación con los imputados.
Desde ese celular se llamó previamente a los teléfonos de Romano, Díaz y Orellano, entre las 0 horas y las 03.00 de la mañana, y a las 03:15 se llam{o al teléfono de guardia de Corpico.
Después hubo llamadas desde este chip con los teléfonos de Sosa, Fernández, Díaz y también de Orellano. Tanto Sosa como Díaz sus teléfonos aparecieron funcionando en General Pico alrededor de las tres de la mañana y ambos teléfonos impactaronn en las antenas de la localidad de Metileo alrededor de las 04:00 a las 09:00 de la mañana, cerca de donde se hallaron las cajas fuertes.
Días posteriores, desde ese teléfono se hicieron llamadas a Cores y Lamas, además Cores fue visto en compañía de Sosa por un testigo en cercanías de la quinta que alquilan Fernandez y Sosa.
Fue justamente en ese predio donde el 8 de febrero se hallaron elementos que tienen relación directa con el hecho: un pedazo de chapón cortado de las características de las cajas sustraídas.
A partir de este hecho se realizó un rastrillaje a la vera de la ruta y a escasos kilómetros de la quinta se hallaron partes de las cajas fuerte desparramadas.
Luego se recolectó nueva prueba pericial como el hallazgo de calzado de similares características a una huella que se encontró en el sector de cajas de Corpico de donde se sustrajo la primer caja fuerte, el cotejo de las huellas de los imputados con rastros obtenidos en el lugar del hecho y el cotejo de los materiales orgánicos (un chicle y colillas de cigarrillos) que se encontraron en el lugar con los imputados para un examen de ADN.
Tras la formalización de la investigación, se había solicitado la prisión preventiva para los 9 imputados hasta la finalización del proceso. Todos los abogados defensores solicitaron la libertad de los detenidos por considerarla muy gravosa, ya que se basa solamente en los registros telefónicos.
El juez de control Diego Ambrogetti resolvió la prisión preventiva a los 9 imputados hasta la finalización del proceso, pero en audiencias de reexamen de medida de coerción, todos fueron recuperando la libertad.