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Pidieron indagar al juez Charlín por cinco delitos



José Antonio Charlín en su corto paso como juez federal subrogante de Santa Rosa, cosechó denuncias por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, amenazas, incumplimiento de deberes de funcionario público y violencia de género. El fiscal federal Jorge Bonvehí pidió que se lo indague. Charlín es el Juez Federal de General Pico, pero aún no se abrió esa repartición en la ciudad, a pesar de que fue creada por ley hace unos 10 años. 


Las denuncias en contra de Charlín fueron radicadas por tres secretarias, siete empleados, una médica y un prosecretario del Juzgado Federal que subrogaba.

La acumulación de imputaciones la logró solo en dos meses, ya que el escándalo que se provocó originó que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera en el cargo a mediados de agosto por 30 días, plazo que se fue prolongando hasta la actualidad.

Como quien ocupa actualmente el cargo de jueza subrogante es Iara Silvestre, una de las entonces secretarias que lo denunció, la causa se tramita en el Juzgado Federal de Bahía Blanca a cargo del juez Santiago Ulpiano Martínez.

El fiscal Juan José Baric promovió la causa contra Charlín, pero firmó la solicitud de indagatoria el fiscal subrogante Bonvehí, ya que el titular tomó licencia por problemas de salud de un familiar directo.

Los cargos que se le imputan a Charlín prevén penas de hasta prisión, aunque será el juez Martínez quien deberá evaluar si existen pruebas suficientes para llamarlo a indagatoria. En el juzgado federal santarroseño están confiados en que será citado el próximo año.

Entre los hechos denunciados por los empleados y funcionarios del juzgado, se afirmó que en una oportunidad, Charlín le pidió el arma reglamentaria al custodio, se puso en posición de tiro y le dijo a Alicia Traverso, prosecretaria administrativa: “decile que ésa que venga que le doy entre las cejas”, en alusión a la secretaria Adriana Bauman.

También se relataron situaciones que generó para encubrir delito de trata de personas y al intendente de Lonquimay, Rogers, envuelto en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.Además se denunció que quiso hacer firmar un certificado a una médica y  que acosó sexualmente a otras empleadas.

El juzgado federal de General Pico viene con una historia complicada. Fue creado por ley hace más de 10 años, pero todavía no comenzó a funcionar. Recién el año pasado se compró el edificio que perteneciera a una farmacia, en calle 18 entre 17y 19 pero todavía se está refaccionando. El año pasado se nombró al José Antonio Charlín como juez titular del Juzgado de General Pico, pero nunca ocupó el cargo, y quizá no lo haga jamás, porque las denuncias que pesas sobre él, de ser comprobadas, lo inhabilitarán.