Argentina estaba en democracia, bajo la presidencia de Arturo Frondizi. Sin embargo, fue la fuerza militar quien detuvo y juzgó a los 83 ferroviarios piquenses que un 28 de noviembre de 1958 hacían una huelga pidiendo mejoras salariales. Fueron juzgados por un tribunal militar y pasaron meses presos en la isla Martín García. Ayer fueron homenajeados y serán resarcidos económicamente los 22 que aún están vivos, y los descendientes de quienes ya fallecieron.
Adolfo "Pela" Fernández en el acto de homenaje
“El jefe me había pedido que reemplazara al jefe. Cuando llegué vi todo convulsionado, reuniones, grupitos, los que tenían más experiencias habían observado que otros gremios como el de los bancarios caminaban por la ciudad exaltando su poderío gremial y nadie les hizo nada. Entonces, se dio la voz de que se iba a ir al cuartel a reclamar”, recordó.
Nadie sabe porqué se eligió una dependencia militar para reclamar mejoras laborales, pero en el contexto de una Argentina que muy poco sabía de democracias y que constantemente era sacudida por golpes de estado, puede comprenderse la acción.
Fernández recordó una anécdota del momento. “Yo pasé por casa y le dije a la abuela: ‘vengo a buscar la campera porque vamos a hacer un paro, vuelvo a la noche que tengo que estrenar el traje nuevo para el baile de Costa. Regresé a los tres meses”, se acordó risueño. También relató que uno de los compañeros dijo “voy a casa a guardar la bicicleta”, y “todavía la está guardando”.
Cuando llegaron, el jefe del cuartel los puso en fila, los enumeró, los identificó y pasaron la noche allí. Llegó el presidente de la Unión Ferroviaria, Orfilio Cayre. “Nos pusimos contentos porque creímos que nos iba a ayudar. Cuando habló, dijo: ‘muchachos, que c… se mandaron. Y se fue.”
Al día siguiente, fueron subidos como vacas a tres camiones que se habían alquilado a los transportistas de la ciudad Vigovich, Forns y Marchini. Casi 30 hombres por camión, hacinados, sin saber dónde iban. “En aquel entonces, a los 20 años, ni pensábamos que nos podía pasar algo malo”, dijo el ferroviario.
Llegaron a Pichincha y Garay a la nochecita. “Algo comimos y nos daban 15 segundos para limpiar los tenedores y el plato. Me acuerdo que Tachino, que era jefe, tardó más y vino uno de estos atorrantes del Ejército y le pegó un empujón que dio tres o cuatro vueltas en el suelo y nos llamaba la atención. Ahí ya observamos la dureza del tratamiento”, relató “Pela”.
De ahí fueron a Campo de Mayo, donde permanecieron diez días y fueron juzgados por un tribunal militar. “Nos pelaron y nos dieron un jardinero de ropa, como era petisito, con un alambre le hice el dobladillo. Y nos pusieron una inyección en la espalda”, recordó.
Cuando los juzgaron, a “Pela” le dio un ataque de epilepsia por lo que le permitieron sentarse. Cuando le toca el veredicto, lejos de la expectativa de volver a General Pico por razones de salud, escuchó: “Alfredo Adolfo Fernández, por motín, desobediencia y abandono de servicio, condenado a tres meses de prisión”.
Los enviaron a la ESMA donde estuvieron dos días y de ahí a la isla Martín García. A cada ferroviario le tocó una condena diferente. En su lugar de prisión debían realizar tareas, limpiar terrenos, colocar césped a la pileta de natación de los jefes militares, mantener el cementerio en orden, entre otras.
Fernández recordó que había muchos NN. “Tomábamos mate. Tito García sacaba un cráneo y la ponía al lado y le ofrecía mate… todo para pasar los días. Hugo Somoza se acostaba en los cajones y hacía chanzas… teníamos veinte años…. Jugábamos al fútbol y le ganábamos a los jefes…”, recordó momentos de una parte de su juventud.
Tras pasar tres meses detenido, regresó a General Pico y cobró el sueldo de todos esos meses más el aguinaldo. “Era una fiesta, nunca habíamos visto tanta plata”, indicó. Cuando se consultó cómo sobrevivían las familias de los detenidos, relató que desde la Unión Ferroviaria, los compañeros que estaban en la ciudad las ayudaban.
En la década de los ’90, el entonces presidente Carlos Menem sacó la ley 24093 que estipuló una indemnización a aquellas personas privadas de la libertad y juzgadas por un tribunal militar. La concejala piquense Patricia Testa hizo las gestiones para que los beneficios de esa normativa se ampliaran a los detenidos durante gobierno democráticos, como los 83 ferroviarios piquenses. Fue larga la lucha pero se llegó a la meta. En tandas, comenzarán a cobrar una pequeña indemnización en seis cuotas semestrales.