El presidente del Tribunal de Cuentas, TdC, el piquense José Sappa, radicó la denuncia penal en Fiscalía santarroseña para que se investigue si las irregularidades detectadas en el manejo de compras directas en el Ministerio de Educación, fueron un hecho delictivo.
Si bien en la denuncia no se sindican personas, la investigación apunta a agentes del estado y proveedores. Además, Sappa sugirió al Ministerio iniciar sumarios a raíz de las irregularidades que se detectaron en una auditoría. Por otra parte, el presidente del TdC remitió la auditoría al Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que determine responsabilidades.
El TdC no tiene el poder de obligar a los agentes del estado a declarar, y sí lo tiene la Justicia, por ello la estrategia de Sappa ante los hechos descubiertos fue radicar la denuncia penal. En las conclusiones de la auditoría se indica que “existen desviaciones en el procedimiento de adquisiciones y/o recepciones de bienes y/o servicios mediante la modalidad de contratación compra directa”.