Numerosas organizaciones sociales reclaman en todo el país que no se introduzcan modificaciones que atenten contra libertades y derechos conseguidos y que permiten el avance del clericalismo en el estado. En La Pampa se expresaron contra reformas como la eliminación del derecho social de la propiedad, del agua como bien social, o la definición de persona desde la concepción entre otras.
A través de un comunicado de prensa afirmaron que “las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda discrepancia y oposición con el dictamen recientemente aprobado por la Comisión Bicameral, que modifica algunos artículos de la Reforma del Código Civil y Comercial unificado. Sostenemos que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad por la incorporación de los compromisos asumidos en instancias internacionales, de no dejar pasar reformas que signifiquen un retroceso sobre los derechos ya conseguidos, por ejemplo la Ley Antiterrorista.
Entre los puntos más polémicos, se destaca la definición del carácter de persona para los embriones, incluso los concebidos in vitro antes de su implantación en el útero. Esto busca poner en riesgo los derechos adquiridos con la reciente ley de fertilización asistida y pone una barrera para la legalización del aborto, debate que espera ser dado en el Congreso y posee un amplio consenso social y parlamentario (ya que sesenta diputadas/os firmaron el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo). De modo que el artículo 19 del nuevo Código consideraría la existencia de la persona “desde el momento de la concepción”. Cabe destacar que tanto desde el punto de vista civil como penal, el derecho argentino no ha otorgado el mismo status al embrión que a la persona nacida.
Otras modificaciones son la eliminación de la gestación por sustitución en el texto del Código, así como vacíos legales en materia de filiación. De esta manera, se impide a muchas parejas del mismo y diferente sexo, el acceso a la maternidad y paternidad en condiciones de igualdad, ya que en la actualidad estas técnicas están disponibles en el extranjero para quienes dispongan de los recursos económicos. De este modo, se dificulta con esta redacción el reconocimiento pleno de los hijos de parejas y matrimonios, nacidos por medio de este instituto jurídico, existente en numerosos países.
Asimismo, constituyen un retroceso a los derechos adquiridos, la eliminación de la función social de la propiedad, el reconocimiento de la personería de la iglesia católica como persona jurídica pública – lo que le otorga privilegios inaceptables – y el Derecho al Agua. Repudiamos que la iglesia católica sea considerada persona jurídica pública, privilegio obtenido durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En este sentido el texto aprobado, no sólo mantiene dicho trato privilegiado, sino que acentúa el trato discriminatorio al aclarar que «las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas» no católicas son personas jurídicas privadas. Además, la reforma sostiene que aquellas organizaciones reunidas en torno a creencias no religiosas, no son consideradas en pie de igualdad, lo que introduce un segundo nivel de discriminación por motivo de creencias o convicciones.
Como activistas de Derechos Humanos que abogamos por un Estado Argentino realmente laico y respetuoso de todas las personas, sin discriminación por sus creencias y convicciones, requerimos a las legisladoras y legisladores nacionales, pero en especial a las/os de nuestra provincia a reconstruir el espacio transversal y plural para legislar hacia adelante y no avalar un retroceso, como representa el texto en debate, a los derechos conquistados.
¡¡¡ Por un Estado efectivamente LAICO que garantice los DERECHOS HUMANOS !!!” Firman: Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Mujeres por la Solidaridad, Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Agrupación Feminista Cardo Ruso, Mujeres Socialistas, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, Agrupación Surcos y Juventud Guevarista.
El debate y sanción del nuevo Código Civil y Comercial fue prorrogado para el año próximo. Y mientras tanto, la sociedad comienza a debatir sobre el tema y expresarse.